La Franja

Hoy debía ser día de cobro en Ontiñena, pero nadie en el pueblo espera ya a los representantes de International Leisure Development (ILD), el consorcio que lanzó la ilusoria macrociudad del juego llamada Gran Scala: una inversión de 17.000 millones de euros promovida por unos emprendedores que no pagan la minuta a sus abogados y que eligen como imagen pública a un ejecutivo que termina condenado por asesinato.

El 10 de octubre era la fecha señalada para que ILD desembolsara el último plazo de las opciones de compra, tras lo que llegaría, el 10 de febrero del próximo año, la hora de la verdad con la compra de los terrenos o la retirada oficial del proyecto. Sin embargo, todavía sigue pendiente el penúltimo pago sobre 1.100 de las 1.400 hectáreas señaladas.

Los propietarios de los terrenos se han repartido 1,2 millones de euros –seis veces más de lo que habrían sacado cultivándolos– con la expectativa de recibir otros casi ocho que en realidad nadie espera ya. Los efectos de ese dinero han sido variados: algunos vecinos han ahorrado un dinerillo, otros optaron por endeudarse en inversiones cuya financiación zozobra ahora e incluso hay quien ha perdido una pensión no contributivas tras detectar el fisco sus ingresos.

Cuando casi hace cuatro años de la megalómana presentación de la idea en la Sala de la Corona del Pignatelli con las intervenciones estelares de Marcelino Iglesias y José Ángel Biel –principal propagandista de Gran Scala e ILD junto con el exconsejero Arturo Aliaga–, el actual Gobierno de Aragón no sabe oficialmente nada del consorcio ni del proyecto. “No han dado señales de vida”, explicaron fuentes del Ejecutivo de Luisa Fernanda Rudi, que añadieron que, además, “el Gobierno tiene otras prioridades”.

En esos casi cuatro años, la cotización de Aristocrat, el principal productor de software para el juego y principal socio industrial de ILD, se ha desplomado más de un 80%: de los 11,15 dólares por acción del 14 de diciembre del 2007 a los 2,22 del viernes.