La Franja

La cuenta atrás ha comenzado para Gran Scala. Y esta es la definitiva. El próximo 10 de febrero vence la opción de compra sobre las más de mil hectáreas de terreno en Ontiñena, donde está previsto que se ubique lo que pretende ser uno de los mayores parques de ocio y juego de Europa. Con esta premura, la promotora International Leisure Development (ILD) ha iniciado ya su negociación con el Gobierno de Aragón para presentar el proyecto. No obstante, el consejero de Industria, Arturo Aliaga, asegura que las condiciones de la ley, entre las que figuran exigencias económicas como la presentación de un aval de 3 millones de euros, son “innegociables”.

Desde el gabinete técnico de Gran Scala, aseguran que quieren ejecutar la opción de compra y adquirir las tierras a principios de febrero, aunque el proyecto quizá lo presenten más adelante. No quieren perder el más de un millón de euros que ya han abonado desde febrero de 2009 en tres pagos del 4% del precio de las hectáreas. De momento, se han comprometido a adquirir 1.098 hectáreas a 8.000 euros y si no, perderán el millón. Por ello, ahora tendrían que abonar 7.728.000 euros más en el momento de la compra. Sin embargo, todo dependerá de sus negociaciones con el Gobierno de Aragón y ahí se abre otra posibilidad: la prórroga o firma de una nuevo contrato para retrasar la compra sin perder la inversión.

El consejero de Industria, Comercio y Turismo del Gobierno de Aragón, Arturo Aliaga, ya adelantó hace unos días que la promotora ILD le había solicitado por carta una reunión, para la que todavía no se ha fijado la fecha. Según indicó ayer Aliaga, “el encuentro será para coordinar las actuaciones y repasar los once o doce documentos que tienen que presentar y que marca la ley”. Aunque todavía desconoce el detalle del trabajo que ya han realizado, apuntó que tiene conocimiento de que siguen preparando toda la documentación.

Un aval de 3 millones
Pero la documentación no lo es todo. El dinero tiene que ir por delante. Una de las exigencias de la ley de centros de ocio de alta capacidad, que se aprobó en las Cortes precisamente para permitir el desarrollo de Gran Scala o de cualquier otro proyecto similar, es la presentación de un aval de 3 millones de euros, que acompañará a la solicitud.

Ante la posibilidad de que Gran Scala pudiera haber planteado la exención de este requisito o una rebaja de la cuantía, el consejero de Industria del Gobierno de Aragón, Arturo Aliaga, aseguró ayer que “hay un marco jurídico y una ley aprobada por las Cortes de Aragón, para la que no hay negociación posible”. De hecho, aseguró que la promotora en ningún momento le había planteado esta posibilidad porque “ya saben que la tienen que cumplir”. “La ley es innegociable”, insistió reiteradamente.

La promotora siempre ha justificado el incumplimiento de los plazos que se ha ido marcando para presentar el proyecto con el argumento de que era muy complicado reunir todos los requisitos de la ley y, últimamente, también se reconoció la dificultad para conseguir la financiación. Además del aval, le ley pide la garantía de crear más de 3 .000 puestos de trabajo directos, 8.000 plazas hoteleras y ocupar una superficie de 1.000 hectáreas, aunque Gran Scala nunca ha visto ahí el problema.

Lo que no está fijado en la ley es la exigencia de que la inversión esté asegurada para la construcción de la primera fase. En principio, desde la promotora aseguraron que necesitaban 500 millones de euros, cantidad que, no obstante, podría variar. Tras varios recortes desde las pretensiones iniciales, finalmente se piensa para abrir en unos 8 o 10 casinos así como varios parques de diferentes tamaños.