La Franja

Concepción Gimeno Gracia, Justicia de Aragón, remitió al Gobierno de nuestro país, con fecha de 18 de junio, una oportuna ‘Sugerencia relativa a actuaciones en materia de política lingüística’.

Respondía de ese modo a una queja previa (6/02/2024) de “varias asociaciones culturales dedicadas a la promoción y defensa de las lenguas propias de Aragón y sus modalidades lingüísticas, por el que manifestaban su preocupación con las medidas adoptadas por el Gobierno de Aragón en materia de fomento y protección de los derechos lingüísticos de la ciudadanía aragonesa”. En los antecedentes se puede leer la respuesta literal de la Dirección General de Patrimonio Cultural a solicitud de información. Ahí queda claro el panorama creado por el Gobierno de coalición de PP y Vox en lo que toca a las lenguas de nuestro país, de Aragón.

Como se lee en las consideraciones jurídicas de la sugerencia, “no se habrían previsto partidas presupuestarias específicas dirigidas a la conservación, protección y difusión de las lenguas y modalidades lingüísticas de Aragón, lo que afectaría a la puesta en marcha políticas públicas orientadas a tales fines”. Circunstancia que está claramente en contra de la legislación vigente y, en el fondo, contra un mínimo de inteligencia y cuidado del legado cultural aragonés.

Nuestro Estatuto de Autonomía, en su artículo 7, reconoce las lenguas y modalidades lingüísticas propias como elementos fundamentales de nuestro patrimonio histórico y cultural. Este precepto establece que una Ley de las Cortes de Aragón regulará y desarrollará el régimen jurídico de estas lenguas en diversos aspectos. En cumplimiento de esta previsión estatutaria, la Ley 3/2013 incluye una serie de disposiciones que la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón debe considerar al formular políticas lingüísticas. El Gobierno de Azcón debe ser el primero en cumplir la legislación vigente.

Por eso, desde el Justiciazgo (responsable de garantizar que las políticas lingüísticas respeten los derechos reconocidos y promovidos por la Ley 3/2013) se lo recuerdan. Toca tomarse en serio este tesoro. Sólo los muy cerriles pueden empeñarse en lo contrario. El camino construido en el gobierno de Lambán por la extinta Dirección General de Política Lingüística puede ser cuestionado, criticado, refutado, pero no se puede negar que se ocupó de cumplir con lo establecido. Mejoró las medidas de protección del patrimonio lingüístico aragonés, dignificó las lenguas propias, su conservación y difusión, su promoción y enseñanza así como la cooperación entre administraciones y entidades. Desmontar lo conseguido sólo cabe en cabezas mezquinas, más preocupadas por derruir que por construir y cuidar. En un asunto como éste, no conduce a buen puerto ni aporta nada al bien común.

Esperemos que desde el Departamento de Presidencia, Interior y Cultura del Gobierno de Aragón muestren algo de inteligencia y sean capaces de responder antes de un mes a Concepción Gimeno, Justicia de Aragón, y valoren “la posibilidad de hacer uso de las líneas presupuestarias de actuación para los bienes inmateriales del patrimonio cultural, en orden a financiar intervenciones en materia de lenguas y modalidades lingüísticas propias de Aragón, así como que, en coordinación con los Departamentos con competencia en la materia, tenga en cuenta las previsiones recogidas en los diversos preceptos de la Ley 3/2013, de 9 de mayo, de uso, protección y promoción de las lenguas y modalidades lingüísticas de Aragón, en el ejercicio de sus atribuciones!.

Chaime Marcuello Servós es profesor de la Universidad de Zaragoza