La Franja

Las nuevas restricciones han complicado la movilidad en los municipios aragoneses limítrofes con Cataluña que como Montanuy o Puente de Montañana tienen su principal centro de servicios en la provincia de Lérida. Según han denunciado los alcaldes, los últimos decretos están provocando “severas restricciones” en el acceso a servicios y necesidades básicas como hacer la compra. 

El mejor ejemplo para ilustrar la situación de “incerteza e inseguridad” que vive esta zona de la Ribagorza oriental es el de una familia tipo con un hijo en el instituto de Pont de Suert que diariamente viaja en el autobús escolar pero al que por la tarde sus padres no pueden llevar a hacer una actividad extraescolar porque no se considera esencial, o que tienen permitido desplazarse hasta allí para acudir al banco o a la farmacia, pero no para comprar alimentos. 

Los vecinos no saben a ciencia cierta qué se puede hacer y qué no. Esta incertidumbre ha llevado a los alcaldes de Montanuy, Bonansa, Sopeira, Arén y Puente de Montañana a dirigirse por escrito a los presidentes de las dos comunidades autónomas y a las delegadas del Gobierno para solicitar que, a la hora de fijar medidas de movilidad en el estado de alarma, tengan en cuenta su realidad social y económica y la dependencia de la otra comunidad autónoma en cuanto a la prestación de servicios, así como las relaciones sociales y de vecindad del día a día.

La situación se ha agravado tras el último decreto del 18 de diciembre, ya que en anteriores órdenes sí se llegó a contemplar las peculiares características de los municipios limítrofes. Los alcaldes denuncian que son frecuentes situaciones en las que “el mismo motivo o documento que se da como válido para justificar el desplazamiento en un control, es cuestionado o se le niega validez en otro control pocos metros más adelante”. Además, el citado decreto intensificó los operativos de seguridad en la N-260 en Montanuy y en la N-230 en Puente de Montañana. 

Este territorio a caballo entre Huesca y Lérida está vertebrado por la carretera N-230 que conduce de Lérida al valle de Aran, que salta de una comunidad a otra. Incluso para desplazarse entre pueblos de un mismo municipio aragonés, parte del viaje discurre por Cataluña. Es el caso de  Aneto, Bono, Forcat o Ginaste, en el término de Montanuy; y de Buira, Cires o Torre Buira, en el de Bonansa. Para acudir a su ayuntamiento o consultorio médico tienen que transitar inevitablemente por un tramo catalán. En Puente de Montañana, incluso parte de su casco urbano y equipamientos municipales se encuentran en el vecino municipio de Tremp (Lérida).  

Son pueblos de montaña con muy escasa población y sin apenas establecimientos comerciales, que por tradición, proximidad y vínculos sociales tienen en las localidades vecinas catalanas de Vilaller y del Pont de Suert, a entre 10 y 15 km, su punto de referencia. Igualmente hay agricultores y ganaderos con explotaciones en un lado y que residen en otro, lo que obliga a viajar a diario entre Aragón y Cataluña. También ocurre a la inversa, pueblos de esta comunidad con servicios médicos o educativos en Aragón.

Además del consultorio sanitario y el instituto, las tiendas, farmacias y bancos están en Pont de Suerte, mientras las localidades aragonesas más próximas, Graus y Benabarre, se sitúan a 50 o 60 km de la mayoría de los pueblos.

En la carta a los presidentes de Aragón y Cataluña, Javier Lambán y Pere Aragonés; y a las delegadas del Gobierno en las dos comunidades, Pilar Alegría y Teresa Cunillera, los alcaldes dicen que han afrontado la incertidumbre que suponen las diferentes limitaciones de movilidad aplicadas en distintos momentos y grados (confinamiento perimetral de Aragón y Cataluña, además del confinamiento municipal y comarcal de Cataluña) y con distintos cuerpos de seguridad (Mossos d’Esquadra o Guardia Civil). Pero la situación se ha agravado tras las últimas medidas.

De momento no han tenido respuesta a su carta, del finales de diciembre, en la que solicitan que a la hora de fijar medidas se tenga en cuenta su singularidad.  Y como medidas concretas incluir entre las excepciones a la limitación de la movilidad, el desplazamiento para comprar alimentos, adquisición de bienes y servicios en territorios limítrofes, lo mismo que se autoriza para ir a entidades financieras y de seguros o estacione de repostaje. Los alcaldes se ofrecen a colaborar en la expedición de cualquier documento informativo o del tipo que se acuerde para acreditar la situación particular de los vecinos.

Otras peticiones se refieren a los turistas alojados, que deben trasladarse a las comarcas de al lado para comprar; y a los cazadores. Quieren que se faculte a los alcaldes a autorizar la entrada de cazadores en su término municipal para realizar batidas de jabalí, siempre que lo requieran los presidentes de los cotos, así como la ampliación del periodo de caza del jabalí para poder controlar la excesiva población, la cual se ha descontrolado, tras varios meses sin actividad cinegética. 

“Los vecinos no saben si tienen permiso para pasar si necesitan ir a la peluquería. Este tipo de cosas no están contempladas en el decreto como excepciones, aunque para nosotros lo primordial es poder ir a comprar, algo que sí se contemplaba en el BOE en primavera”, explica la alcaldesa de Montanuy, Esther Cereza. En el caso de las actividades extraescolares, tampoco amparadas, resulta que este ayuntamiento colabora con Pont de Suerte para tener una escuela de música. “Para el acceso a servicios básicos, nos tendríamos que desplazar 60 km hasta Graus, cuando los tenemos al lado”, se quejó.

El ayuntamiento entregó un papel a modo de salvoconductos a los vecinos de los pueblos donde no había tiendas, “pero somos conocedores, y las autoridades nos han dicho, que ese documento no dice nada si no está amparado en una orden”. Según Esther Cereza, la delegada del Gobierno en Aragón se ha interesado por el tema para ver cómo se puede resolver.

Un problema añadido es la presencia de jabalíes. “La mayoría de socios de nuestros cotos viven en municipios de Lérida, y en toda la temporada no se ha podido cazar. Si sales a la carretera por la tarde, lo más normal es que te encuentres un jabalí. Si el Gobierno de Aragón lo permitiera el alcalde autorizaría a esos cazadores para controlar la población”, señala la alcaldesa, quien recuerda que la caza en la comunidad solo está permitida para los residentes en Aragón.

De las Altas Cinco Villas a Sangüesa ante el confinamiento de Ejea

Otra casuística viven los vecinos de las Altas Cinco Villas que ante el confinamiento perimetral de Ejea de los Caballeros se quedaban sin alternativas para comprar en grandes superficies. Finalmente podrán cruzar a Sangüesa (Navarra), localidad con la que tradicionalmente tienen más relación comercial por cercanía. La Guardia Civil de Sos del Rey Católico y la Policía de Navarra se reunieron para dejar claras las condiciones en las que se autorizan estos desplazamientos.

Así, según ha informado el Ayuntamiento de Sos, las fuerzas de seguridad podrán exigir el tique de compra en el regreso como justificante del desplazamiento y los productos adquiridos deben ser de primera necesidad y principalmente de alimentación. Además, la compra deberá ser de una cantidad que cubra un periodo razonable de tiempo, solo podrán ir en el vehículo un máximo de dos personas y hay que evitar viajar más de un día a la semana. El alcalde de Urriés, Armando Soria, había manifestado su preocupación por la situación de estos pueblos que comercialmente dependen de Navarra y que cuentan con escasa poca población que además tiene una avanzada edad.

Los pueblos de la comarca de Tarazona y el Moncayo que no tienen tienda también pueden acudir a la confinada capital turiasonense siempre con la declaración responsable rellenada y guardando el comprobante de lo adquirido. Es el caso de Malón, que en unos días espera inaugurar el ultramarinos que ha impulsado el Ayuntamiento. “Nos informamos con la Delegación de Gobierno y para los comestibles básicos no hay problema en ir a Tarazona, además de que hay gente que trabaja allí o en Tudela y aprovecha. De momento nadie ha tenido problemas ni tenemos noticia de alguna sanción”, explicó la alcaldesa, Ana Calavia.