El número de alumnos de aragonés ha aumentado este curso un 25% respecto al anterior, pasando de 625 a 782. Por su parte, se mantiene el número de escolares que se matricularon en catalán, con 4.539. El director general de Política Lingüística, José Ignacio López Susín, aportó ayer estos datos durante una comparecencia en las Cortes a petición del PAR y Ciudadanos. Asimismo, anunció su intención de reclamar una partida en los próximos presupuestos para poner en marcha la Academia que debe regular el aragonés y el catalán, lenguas propias de Aragón.

A pesar de la creciente demanda del aragonés, esta lengua sigue siendo una de las más vulnerables de Europa, como reconoce la Unesco y ayer mismo recordó López Susín, quien indicó que «se está constatado que la transmisión generacional del aragonés se está rompiendo». A su vez, los escolares dejan de usar el aragonés en sus relaciones sociales y eso implica la paulatina desaparición de las hablas del norte de la comunidad. López Susín destacó el convenio firmado con la Universidad de Zaragoza para poner en marcha un proyecto piloto basado en la utilización del aragonés (la variedad dialectal propia de cada zona) como lengua vehicular de un área escolar a partir de los propios recursos humanos del centro. Este programa se desarrolla en centros de Hecho, Panticosa y cinco localidades del Valle de Benasque.

Mientras los grupos de PSOE, CHA, IU y Podemos admiten la pluralidad lingüística de Aragón y la existencia de dos lenguas propias (aragonés y catalán), el PP, el PAR y Ciudadanos volvieron a mostrar sus reticencias a esta clasificación, que a su juicio no respeta la voluntad de los hablantes para denominar como quieran su propia lengua y aseguran que cada modalidad lingüística debe denominarse de una forma distinta al aragonés y al catalán. Las tres diputadas que representaron a estos grupos fueron muy críticas con la gestión de la Dirección General y con la política lingüística del Gobierno.

La popular María José Ferrando insistió en que hay que respetar todas las modalidades lingüística, evitar «la imposición» y se preguntó si para ser profesor de aragonés hay que tener «carnet de CHA», a lo que López Susín replicó que de los 13 profesores de aragonés que hay en la actualidad, 12 fueron contratados antes de la entrada de CHA en el Gobierno. La aragonesista María Herrero se preguntó por la autoría del material didáctico y recordó al Gobierno de Aragón que aún no ha cambiado la Ley de Lenguas que aprobaron el PP y el PAR, que no reconoce ni al aragonés ni al catalán. Susana Gaspar, de Ciudadanos, mostró su discrepancia con el modelo de enseñanza de lenguas «de transmisión oral y sin léxico y gramática definidas».