La Franja

zaragoza. No hubo sorpresas y los partidos que sustentan al Gobierno de Aragón, PSOE y PAR, hicieron valer su mayoría para sacar adelante la Ley de Centros de Ocio de Alta Capacidad que permite la instalación de Gran Scala, pese a las dudas de constitucionalidad planteadas por los jurídicos de las Cortes. Por el contrario, sí siguieron al pie de la letra las consideraciones de la letrada mayor de la Cámara, Vega Estella, que en su informe advertía de que la decisión debía ser política y no estar condicionada por los dictámenes jurídicos.

“Nuestra obligación es tomar decisiones aún a riesgo de equivocarse, porque más vale equivocarse por tomar una decisión que por no hacerlo”, argumentó el diputado y presidente de la ponencia, Javier Callau, del PAR. “Debemos legislar por los intereses de los ciudadanos”, dijo. Recalcó que estos dictámenes son “opiniones de incertidumbre frente a otros que dicen lo contrario y avalan la norma” y criticó que se haga “un aprovechamiento partidista” de la situación por “el impacto médiático” de este proyecto. José Ramón Ibáñez, del PSOE, invitó a quien quiera gobernar a “dejar de tener vértigo en la toma de decisiones” y puso como ejemplo Pla-Za o la ciudad del motor de Alcañiz. “Seguimos apostando por Aragón”, subrayó.

En un tenso debate que comenzó pasadas las 14.30 y se alargó hasta cerca de las 16.00, socialistas y aragonesistas se dedicaron a defender el proyecto porque “articula el territorio, crea empleo y genera riqueza”, a resaltar el alto grado de consenso obtenido inicialmente y a criticar al PP por haber cambiado al final su voto por los informes de las Cortes. CHA e IU mantuvieron su oposición frontal y el PP justificó su giro en los dictámenes jurídicos, porque -advirtió- “tiene importancia y mucha lo que dicen”. Los populares apoyaron, como estaba previsto, 8 de los artículos, votaron en contra de 11 (los que planteaban inseguridades) y se abstuvieron en 32.

CHA e IU rechazaron toda la ley y ambos mantuvieron su amenaza de ir al Tribunal Constitucional. El diputado de CHA Chesús Yuste insistió en que las dudas de inconstitucionalidad afectan “a la columna vertebral de la norma” y criticó al PSOE y a Iglesias por incumplir su compromiso de que “se iba a ajustar a la constitución”, porque -dijo- “Biel ya sabemos que no tiene problemas de conciencia”. Exigió que se hagan públicos los informes de los servicios jurídicos de la DGA y denunció la “velocidad supersónica” de tramitación de esta ley frente a los diez años de la de servicios sociales.

El portavoz de IU, Adolfo Barrena, dejó claro que él fue el primero que se opuso e invitó -una vez más sin éxito- a los socialistas a desligarse de Gran Scala. “En el socialismo de verdad no caben estos planes”, espetó Barrena. También criticó que “el proyecto más importante desde los Reyes Católicos” no haya contado con participación ciudadana.

Por su parte, el portavoz del PP, Eloy Suárez, reiteró que “hay que ser exquisitos dada la beligerancia que existe contra Gran Scala” y lamentó que las dudas constitucionales no se hayan resuelto en la ponencia como en otros casos. Aún así destacó el empleo que generará, pero lanzó una advertencia: “No quiero pensar que este proyecto descarrilara porque un tribunal dijera que la ley no se ajusta al ordenamiento jurídico”.