La Franja

La diputada María Herrero ha defendido la propuesta, basada en el rechazo a la enmienda que, a iniciativa de CHA, se incluyó en la ley de acompañamiento de los presupuestos de 2016 para modificar parcialmente la ley de patrimonio. Al aprobarse la enmienda, quedó establecido que “el aragonés y el catalán de Aragón, en los que están incluidas sus variedades dialectales, son las lenguas y modalidades lingüísticas propias a que se refieren el artículo 7 del Estatuto de Autonomía de Aragón de 2007 y la Ley 3/2013, de 9 de mayo, de uso, protección y promoción de las lenguas y modalidades lingüísticas propias de Aragón”.

Para Herrero, que se utilice una ley de acompañamiento para hacer interpretaciones del Estatuto de Autonomía implica no tener respeto ni lealtad a este texto, además de “hurtar” a las Cortes la posibilidad de debatir sobre la conveniencia de volver a incluir los nombres concretos de estas lenguas en las leyes. Por eso, su propuesta, que solo ha sido apoyada por el PP, pasaba por dar al artículo 1 de la ley de patrimonio la siguiente redacción: “Aragón tiene como propias, originales e históricas la lengua aragonesa propia de la zona oriental y la lengua aragonesa propia de la zona pirenaica y prepirenaica, con sus diversas modalidades lingüísticas”.

Algunos portavoces han criticado que esta redacción vuelve a poner en primera línea los acrónimos lapao (lengua aragonesas propia del área oriental para referirse al catalán y sus ) y lapapyp (lengua aragonesa propia de las zonas pirenaica y prepirenaica para referirse al aragonés), que alcanzaron el “absurdo” y que suponen, según Susana Gaspar (Ciudadanos), el “máximo desprecio” para estas lenguas y para sus hablantes”. Estos nombres, ha agregado la diputada de C’s, “en poco o en nada ayudan a dignificar” estas lenguas o a los habitantes de estas zonas.

Aunque todos los portavoces han apostado por el consenso en el delicado tema de las lenguas, ha quedado en evidencia que la denominación de éstas es un punto de conflicto, y por eso Amparo Bella, de Podemos, ha propuesto que se escuche a la gente que las habla para llegar a acuerdos y la socialista Margarita Périz ha indicado que deben ser los lingüistas y los académicos quienes decidan sobre estas denominaciones.

Mientras, ha añadido Périz, el Parlamento debe dedicarse a lo que le mandata el Estatuto, que es su promoción y protección con políticas lingüísticas adecuadas.

La diputada de Podemos, además, ha recordado que los problemas de los aragoneses de estas zonas “no son de nomenclatura” y ha llamado a poner “el foco” en “los verdaderos problemas” de los ciudadanos.

Gregorio Briz (CHA), por su parte, ha estimado que la propuesta del PAR “ayuda muy poco al consenso”, aunque el Gobierno de Aragón tiene “la mano abierta” para llegar a un acuerdo siempre que no se luche contra la “realidad tozuda”.

Y es que, ha agregado, el asunto de la denominación de las lenguas quedó abierto en el Estatuto y había que cerrarlo con una “ley concreta” en tanto en cuanto se modifica la ley de lenguas que impulsó el gobierno PP-PAR en 2013 y que fue la que fijó las denominaciones que dieron lugar a los citados acrónimos.

Para el popular Fernando Galve, la introducción de esta modificación de la ley de patrimonio en la de acompañamiento demuestra una “actitud desleal” con el Estatuto, que fue apoyado, ha recordado, por la “inmensa mayoría” de la Cámara, a excepción precisamente del grupo que presentó la enmienda, CHA.

A su juicio, que el catalán y el aragonés sean lenguas propias de la comunidad “no es una emergencia social” ni una “inmensa preocupación” para los ciudadanos