Las lenguas propias constituyen uno de esos rasgos que pueden entenderse o desde la óptica de la identidad/conflicto o de la diversidad/acuerdo. No olvidemos que Ciudadanos nació como partido sobre el supuesto conflicto del uso del castellano en la escuela catalana. Es necesario reconocer y respetar las lenguas propias como un rasgo de nuestra diversidad. Y actuar en consecuencia: en Aragón, el catalán y el aragonés son lenguas maternas para varios miles de ciudadanos que necesitan la protección del derecho a su uso. Lo que no se opone a que el castellano sea la lengua hablada por el conjunto de los aragoneses.

Mañana se reunirá en Valencia el seminario multidisciplinar sobre el plurilingüismo en España, integrado por expertos vinculados a la gestión lingüística en diferentes ámbitos y procedentes de todas las comunidades autónomas, con el objetivo de elaborar un manifiesto por el reconocimiento y el desarrollo de la pluralidad lingüística de España que permita un amplio consenso social, territorial y político en favor de la convivencia lingüística entre todos los españoles.

El plurilingüismo no es la excepción sino la regla en las sociedades humanas. En el mundo existen 4.794 lenguas y 220 estados. Todos los estados son multilingües, como lo es España: el 47% de su población vive en comunidades con más de una lengua y la Constitución Española y 9 estatutos de autonomía consagran esta pluralidad lingüística. En España se hablan actualmente diez lenguas (castellano, aragonés, bable/leonés, català/valencià, galego, euskera/vascuence, aranés, árabe, tamazig y portugués).

RECONOCER Y desarrollar el plurilingüismo de España es necesario para que: aflore sin complejos la identidad real de España, basada en la diversidad; millones de españoles se sientan reconocidos en sus derechos lingüísticos; se cumplan en todo su alcance tanto la Constitución Española como la Carta Europea de Lenguas Regionales o Minoritarias. Reconocer y desarrollar el plurilingüismo de España significa asumir que: todas las lenguas españolas atañen por igual a todo el país; las lenguas distintas del castellano no son solo un asunto de cada comunidad autónoma ni el castellano solo un asunto del Gobierno de España. Todas las lenguas españolas son asunto de todos los gobiernos, que deben compartir la defensa de todas las lenguas de España.

El plurilingüismo no significa solo el reconocimiento del carácter multilingüe de cada territorio, sino que aspira a que todos y cada uno de los ciudadanos sean o se sientan plurilingües. Por ello es necesaria una ley que regule el plurilingüismo en el marco de los artículos 3 y 46 de la Constitución Española: una ley de carácter orgánico, que no entre en colisión con los Estatutos de Autonomía y de acuerdo con lo que se conoce como principio de territorialidad.

Esta nueva ley debería abordar el derecho del uso de las lenguas por parte de la ciudadanía, la regulación del uso de las lenguas por parte de las altas instituciones del Estado, el reconocimiento del carácter plurilingüe de España en los diferentes ámbitos de la convivencia pública y la protección y promoción de todas las lenguas en todos los territorios y todos los ámbitos. Debería crear un órgano específico de impulso y supervisión de esta propuesta legislativa que incluya a las comunidades autónomas y prever ayudas al amparo de las normas de la Organización Mundial del Comercio y la Unión Europea sobre excepcionalidad cultural.

Reconocer y desarrollar el plurilingüismo de España necesita el máximo consenso posible entre todas las fuerzas políticas del Parlamento, por lo que los firmantes del manifiesto esperamos que todos los partidos se comprometan públicamente a proponer, debatir y consensuar en la próxima legislatura una ley que reconozca y desarrolle la pluralidad lingüística de España. Al mismo tiempo, cada comunidad autónoma debe conseguir, sobre el consenso interno, su equilibrio en materia lingüística para que, respetando los derechos y la sensibilidad de todos, al mismo tiempo que se preserva e impulsa el uso de todas las lenguas, nadie se sienta excluido y pueda garantizarse la convivencia. Aragón debe abordar de forma inmediata una nueva ley de lenguas que borre el período negro de la presidencia de Luisa Fernanda Rudi; la ley de derechos lingüísticos aprobada en 2010 podría ser un buen punto de arranque.

Responsable de Política Lingüística en el último Gobierno de Marcelino Iglesias y miembro del Seminario sobre el Plurilingüismo en España