El nuevo Gobierno de Aragón del socialista Javier Lambán ha creado, por primera vez, una Dirección General de Política Lingüística, signo claro de que resucitará la polémica sobre el uso del idioma catalán en la comunidad autónoma. Al frente de la misma ha nombrado al nacionalista José Ignacio López Susín, militante de CHA, experto en el tema y coautor de libros sobre derecho aragonés y la lengua aragonesa.

La primera y principal cuestión que deberá afrontar el reciente director general será la elaboración de una nueva Ley de Lenguas y, por tanto, derogar la actual de 2013, aprobada por el anterior Gobierno de PP-PAR.

Uno de los puntos más polémicos de la ley fue suprimir la denominación de aragonés y catalán que contenía el texto de 2009 para referirse a esas lenguas. Fueron sustituidas por los circunloquios lengua aragonesa propia de las áreas pirenaicas y prepirenaica, para referirse al aragonés, y lengua aragonesa propia del área oriental, más conocida como lapao, para referirse al catalán.

También desaparecieron el Consejo Superior de Lenguas de Aragón, la Academia Aragonesa de la Lengua Catalana y la Academia de la Lengua Aragonesa, sustituidas por una única Academia Aragonesa de la Lengua.

El nuevo Ejecutivo defiende la diversidad lingüística de Aragón (español, aragonés y catalán), que dice que quiere situar en su justa medida. Quiere lograr el mayor consenso posible para sacar adelante la futura Ley de Lenguas. Para ello, el PSOE y CHA, ahora en el Gobierno, necesitarán al menos los votos de Podemos e IU, que respaldaron la investidura de Lambán.

Mientras, la plataforma aragonesa No Hablamos Catalán, integrada por decenas de colectivos y asociaciones, y la Federación de Asociaciones Culturales del Aragón Oriental preparan movilizaciones tras el anuncio de derogación de la actual Ley de Lenguas por parte del Ejecutivo autonómico.

Los promotores de la manifestación consideran que PSOE y CHA pretenden «imponer el catalán» en la comunidad aragonesa.

La ley aprobada en su día por el PSOE, y luego modificada por el PP, reconocía la existencia de otras lenguas en la comunidad, como el aragonés y el catalán. Sin embargo, no regulaba la cooficialidad, algo que reivindicó CHA y que los socialistas no aceptaron. La nueva norma podría volver a la situación de 2009.

Pueden dar idea de las pretensiones algunas de las 170 enmiendas presentadas por la entonces oposición al proyecto de Ley de Lenguas de 2013 de PP-PAR. De ellas se desgranan propuestas como la cooficialidad del catalán y el aragonés en toda la comunidad, la posibilidad de emplear el catalán en las Cortes y la consecuente utilización de sistemas de traducción, la implantación del trilingüismo en el Boletín Oficial de Aragón, o que al menos el 50% de las asignaturas impartidas en los colegios sean en aragonés, a excepción de la zona oriental, donde sería en catalán.