Cruce de acusaciones por la Ley de Lenguas un año después de su aprobación.

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Las Cortes autonómicas reabrieron ayer la caja de los truenos en lo que fue el enésimo capítulo sobre el debate lingüístico en Aragón. La consejera de Educación y Cultura, Dolores Serrat, compareció a petición del grupo parlamentario de Chunta Aragonesista, que criticó la parálisis de la Ley de Lenguas aprobada hace ahora un año. Los diferentes portavoces se recriminaron mútuamente los puntos de la normativa que más polémica suscita en el territorio desde la aprobación del primer texto en 2009.

Mientras la oposición, formada por CHA, IU y PSOE, reiteró la «barbaridad» de una ley que no es respaldada por la comunidad académica, los partidos en el gobierno, PP y PAR, defendieron que el debate resulta muy complejo y que la normativa solo pretende defender el patrimonio aragonés. Cinco años después del primer texto aprobado por la ejecutiva de Marcelino Iglesias (PSOE) y tras cumplirse un año de la aprobación de la norma de PP y PAR, el debate político sigue enrocado en posturas irreconciliables. Tanto o más como la opinión de la gente que reside en los pueblos bilingües, dividida ante el debate.

A esta complejidad hizo referencia la portavoz del Partido Aragonés, María Herrero, quien recordó que «la discusión es muy compleja porque la temática encuentra diferencias irreconciliables entre los hablantes aragoneses». Pese a que Herrero había criticado previamente la lentitud en la aplicación del texto, algo que también hicieron los integrantes de la Plataforma No Hablamos Catalán hace varios meses, en la sesión plenaria de ayer defendió a la consejera Serrat y recordó que «tan solo» ha pasado un año desde su aprobación. «La anterior ley se aprobó en 2009 y tampoco se aplicó».

Al respecto de las críticas de la oposición sobre la lentitud del proceso, Dolores Serrat ironizó sobre la posibilidad de que «a la oposición debe de gustarle la ley, pese a todo, porque nos instan a aplicarla». Por parte del PP también intervino el diputado Miguel Navarro, quien tildó de «académica» la actual normativa que no recoge los nombres del catalán y el aragonés.

José Luis Soro, portavoz de Chunta Aragonesista, arremetió contra los argumentos de los diputados de PP y PAR y recriminó al equipo de gobierno que «ni ha delimitado las zonas lingüísticas ni ha recuperado los premios literarios Guillem Nicolau y Arnal Cavero».

Por su parte, la socialista Mayte Pérez lamentó la incertidumbre a la que están sometidos los más de 5.000 alumnos que estudian catalán en Aragón. Desde Izquierda Unida, Adolfo Barrena recordó a la consejería de Cultura que «no tiene autoridad académica para legislar sobre lenguas».

Repercusión fuera de Aragón
La Ley de Lenguas aragonesa en la que se sustituye el nombre del catalán por «Lengua aragonesa propia del área oriental» y el del aragonés por «Lengua aragonesa propia de las áreas pirenaica y prepirenaica» ha generado interés más allá de las fronteras autonómicas. Medios nacionales e instituciones académicas han reflejado la controversia que se vive en el territorio desde hace años. Asimismo, las academias lingüísticas y los expertos en filología siguen desacreditando el texto.