El litigio por los bienes sacros llega a la Audiencia Provincial de Huesca

Frontal de San Martín, de Chía, una de las piezas en litigio. | D.A. .n-adjunto1 { background-image: url(‘/imagenes/descarga_adjunto_cabecera.jpg’); background-repeat:repeat-x; font-weight:bold; height: 21px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; color: white; font-size: 100%; letter-spacing: 0px; padding-top: 5px; padding-left: 40px; text-transform: uppercase; } .n-adjuntoelmt, a.n-adjuntoelmt { font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 10px; font-weight:bold; color:gray !important; line-height:1px; } .n-adjuntoelmt:before{ content: url(‘/imagenes/flecha_documento.jpg’); }

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BARBASTRO.- La decisión del letrado podría originar un retraso de hasta seis meses en la decisión sobre el exequátur hasta que la Audiencia Provincial resuelva en grado de apelación todas las cuestiones que ha incluido Español, quien confía en que se revoque la resolución dictada por el juez de Barbastro. El fiscal se ha opuesto también a esta personación “por ausencia de un interés legítimo”.

La decisión coincide con las posturas del Obispado de Barbastro-Monzón y del Gobierno de Aragón que se oponen a la personación del abogado y también de la Asociación de los Amics del Museo de Lleida, aunque a éstos el juez les ha admitido como parte. En cambio, el Obispado de Lérida no se opone a que actúe como litisconsorte ni tampoco a la personación del Consorcio del Museo Diocesano, con la que está conforme el fiscal porque considera que “es el actual poseedor de los bienes”.

Jorge Español manifestó a este periódico: “Como bien alegó el Obispado de Lleida no tiene sentido que el juez de Barbastro admitiese en el proceso al Gobierno de Aragón que sólo tiene mera legitimación pública y, en cambio, no acepte a otras partes que tienen la misma legitimación en materia de patrimonio cultural”.

En este sentido, se refiere al efecto de “cosa juzgada” y señala que “el exequátur, de lo único que trata, es de si se reconoce en España los efectos de cosa juzgada a una sentencia extranjera. Y aquí tengo indudable interés desde el momento en que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña negó que los Decretos vaticanos tuvieran esos efectos en España. Decretos sobre los que obispado y Gobierno de Aragón instan el exequátur, aunque considero que se pueden aplicar directamente en España y ya tienen plenos efectos civiles”.

La opinión de Español se basa en los acuerdos internacionales Iglesia-Estado de 1979, “porque facultan a la Iglesia para juzgar sus asuntos en España y para organizarse con libertad sin interferencias del Estado y, por lo tanto, sin necesidad de que se acuda a ningún Tribunal del Estado para que homologue una actividad que ya es libre e inmune de por sí. A excepción de los decretos eclesiásticos en materia matrimonial que deben pasar por un exequátur para tener plenos efectos civiles en España”.

Señala también que “el proceso contencioso-administrativo impide, de todo lugar, estimar el exequátur porque pide sacar las piezas del Museo Diocesano y Comarcal de Lérida y precisamente la Resolución Mieras de 5 de abril de 2006 lo condiciona de forma exigente. Por tanto, tiene preferencia el pleito que se sigue en España a la sentencia extranjera que se pretende homologar. Si no se me tuviese por parte en el exequátur, se me negaría el derecho a oponer la litispendencia internacional que, aquí, es de libro”.

VÍA CIVIL

Hasta ahora, en la historia de doce años, el litigio por los bienes está en el Juzgado de Barbastro con los dos obispados, Gobierno de Aragón, Amigos del Museo y Consorcio del Museo; en el juzgado número 4 de Lérida, con los Amigos del Museo y los dos obispados, pendiente de que se acepte la personación de Apudepa; en el Tribunal Supremo, con la Generalitat, el Ayuntamiento de Lérida y Jorge Español, quien lo llevó también al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. A partir de mañana lunes, llegará a la Audiencia Provincial de Huesca.

El litigio por los bienes sacros llega a la Audiencia Provincial de Huesca.

Vist pel Casal Jaume I de Fraga