La presión social o la vía judicial, única salida para parar la presa del Bergantes.

«Son proyectos que se elaboran de espaldas a la ciudadanía, de ahí que generen tanto rechazo social y más si afecta un río con un alto valor sentimental y ecológico». Estas palabras de Iñaki Belanche, presidente de la Plataforma en Defensa del Matarraña (PLADEMA), definen el sentimiento que tienen la mayor parte de los aguavivanos con respecto a la presa del Bergantes. Belanche fue uno de los participantes en una charla coloquio que organizó la plataforma ‘El Bergantes no se toca’ en la Casa de Cultura de la localidad el pasado viernes. El objetivo era dar a conocer la experiencia de otros municipios ante conflictos generados en Aragón por determinadas obras hidráulicas.

En el caso del Matarraña, el proyecto de elevación de aguas del río Matarraña al Pantano de Pena en 1997 generó un fuerte rechazo social en Beceite y Valderrobres, que provocó que los antidisturbios «tomaran» los accesos a los pueblos y a las obras durante meses. Finalmente, el conflicto, que duró casi 15 años, se saldó con la construcción de balsas laterales. «La administración hace oídos sordos a las alternativas que presentan los afectados y al final el tiempo les da la razón. Es mucho más sensato solucionar los problemas de la presa de Calanda», reiteró Belanche. 
Por esta razón, otro de los ponentes fue Valentín Cazaña, presidente de la Coordinadora de Afectados por Grandes Embalses y Trasvases (COAGRET). Cazaña expuso casos como el de Lechago o la presa del Val en Los Fayos (Zaragoza), donde se produjo un retraso de más de 10 años a la hora de cumplir las restituciones prometidas. Otro de los ejemplos que se puso de manifiesto fue el de la presa de Mularroya (Zaragoza), proyecto que fue paralizado tras una sentencia del Tribunal Supremo que detectó deficiencias de protección ambiental y que ahora ha vuelto a ser expuesto a información pública con un nuevo estudio de impacto ambiental.
«De momento el trabajo de las alegaciones ya está hecho, ahora sólo queda darle mayor difusión al problema para sumar más apoyos y plantearse llevar el caso ante los tribunales», destacó el presidente de COAGRET. Cazaña comentó que en casos como el del pantano de Santaliestra (Huesca) se consiguió que la Comisión del Agua decidiera no llevar a cabo las obras debido a la presión social y a una sentencia en la que se llegó a solicitar pena de prisión para el secretario de Estado que aprobó la obra. «Uno de los datos que puede animar a los vecinos es que Aguaviva es el pueblo con más habitantes que está inmerso en un conflicto hidráulico en Aragón, por lo que la presión social puede llegar a ser fundamental», añadió Cazaña.

Por el momento, el próximo 10 de agosto tendrá lugar una manifestación en Aguaviva que comenzará a las 18.00 en la plaza de España y terminará con un acto reivindicativo en el río.