El ayuntamiento de Aguaviva, contra la presa de forma unánime.

El ayuntamiento de Aguaviva aprobó el sábado en pleno una moción de posicionamiento en contra de la construcción de una presa de laminación en el río Bergantes, que previamente había sido registrada por la plataforma vecinal ‘El Bergantes no se toca’. La decisión fue tomada por unanimidad de todos los concejales actualmente en el cargo, dos del PAR (Ismael García y Daniel Cuella) y tres del PSOE (Rosa Clemente, Lourdes Mir y Pablo Ciprés).

En la moción se exigía a la Confederación Hidrográfica del Ebro la paralización del proceso de tramitación del expediente del proyecto de la presa y se instaba al Ministerio de Medio Ambiente a descartar su construcción por no ser, dicen, una actuación de carácter sostenible y por vulnerar normativas europeas como la Directiva Marco del Agua y la Directiva Hábitats. También se solicitaba que se estudien alternativas con menos afecciones para el medio ambiente, como los nuevos aliviaderos de la presa de Calanda o el recrecimiento del embalse de Santolea. También se pide la creación de una mesa de trabajo con instituciones públicas y usuarios de la cuenca del Bergantes para la elaboración de un Contrato de Río. En las próximas semanas, desde la plataforma darán entrada a esta moción en otros ayuntamientos de la comarca y de la cuenca de este afluente del Guadalope.

Reuniones institucionales

Tras pedir por varios medios un encuentro con representantes de la Confederación, las demandas de ‘El Bergantes no se toca’ han sido atendidas. El próximo lunes, representantes de esta plataforma aguavivana se reunirán en la sede de la CHE para trasladar sus quejas y exigir medidas alternativas a la presa del Bergantes. Además, el martes de esa misma semana también mantendrán un encuentro con la dirección del INAGA.
Los aguavivanos ya se reunieron el pasado jueves con el Justicia de Aragón, Fernando García Vicente, y con su asesor medioambiental, Jesús Olite, para transmitirles su posición contraria al proyecto y la negativa a cualquier negociación para obtener posibles restituciones por los terrenos afectados. El Justicia se comprometió a hacer llegar su postura a la CHE, aunque no tiene competencia de mediación al tratarse de un órgano suprautonómico; y a trasladar también esta postura al Defensor del Pueblo.