La Franja

El catalán y el aragonés (la fabla) han desaparecido de Aragón. Al menos de forma legal. Las Cortes de Aragón derogaron el pasado 9 de mayo la ley autonómica de lenguas de 2009, ley que reconocía el castellano, el catalán y el aragonés como lenguas propias de la comunidad, y aprobaron una nueva norma, con los votos a favor de PP y PAR, mientras la oposición en bloque (PSOE, CHA e IU) votaba en contra. La lengua oficial de Aragón es el castellano.

Aragonés y catalán pierden su nombre y se convierten en simples definiciones geográficas en el Boletín Oficial de Aragón. Así, la fabla es ahora Lapapyp (acrónimo de “Lengua aragonesa propia de las áreas pirenaica y prepirenaica”), mientras que el catalán de la Franja pasa a ser Lapao (acrónimo de “Lengua aragonesa propia del área oriental”). En Aragón, con una población de 1,2 millones de habitantes, hay más de 60.000 catalano-parlantes y unos 20.000 de fabla, aunque sólo unos 6.000 lo usan de forma habitual.

El propósito de la ley, iniciativa del Ejecutivo Autonómico de Luisa Fernanda Rudi (PP), es “reconocer la pluralidad lingüística de Aragón y garantizar a los aragoneses el uso de las lenguas y sus modalidades lingüísticas propias como un legado cultural histórico que debe ser conservado”. Una intención que no se comparte desde la mayoría de entidades sociales y culturales de la Franja, el Matarranya o la Ribagorza que entienden que la ley aprobada es “sólo una maniobra para contentar a parte del electorado tradicional del PP y del PAR”, explica Pep Labat, vicepresidente del Institut d’Estudis del Baix Cinca, entidad dependiente del Instituto de Estudios Altoaragoneses, que pone el acento en que la nueva designación de las lenguas tiene más que ver con las prioridades de los partidos políticos, en este caso populares y regionalistas, que con las preocupaciones de la ciudadanía. Una visión similar mantiene la profesora de catalán del IES Baix Cinca y miembro del Grup d’Acció per la Llengua, Mariví Basallo, que la juzga como “el resultado final de una promesa electoral a determinados grupos, ya que desgraciadamente el anticatalanismo sigue dando muchos votos en Aragón“.

La promesa electoral, que forma parte de los acuerdos de gobierno con el PAR, fue ratificada por la presidenta de la comunidad, Luisa Fernanda Rudi, en su discurso de investidura de julio de 2011 cuando avanzó la sustitución de la ley de 2009 que “dividía a los aragoneses” y que “imponía la  denominada normalización del catalán y el aragonés “.  La ley de 2009 fue aprobada casi en  el último minuto del gobierno autonómico de Marcelino Iglesias, él mismo catalano-parlante, pero la presión del PAR, asociado a los socialistas en esos momentos, impidió el desarrollo legislativo.

Un proceso que se podría repetir, coinciden Labat y Basallo, tanto por “falta de apoyo académico” como por las dificultades de implementación en el sistema educativo aragonés. Labat señala que las dos legislaciones son enormemente parecidas: “hay pasajes enteros copiados. La única diferencia es la terminología. Le han querido cambiar los nombres por una cuestión política. Pero esperamos que, como la anterior ley de 2009, no se llegué a aplicar nunca”. Pep Labat indica un matiz que podría dejar a catalán y aragonés al nivel educativo de una lengua extranjera, ” en la ley anterior se decía que la enseñanza del catalán sería ‘de la lengua y en la lengua’, ahora sólo se mantiene ‘de la lengua’, con lo que se eliminarían las secciones bilingues en el sistema educativo. Aunque ahora mismo se esta renovando el profesorado de catalán, con lo que parece que, de momento, todo seguirá como estaba hasta ahora”.

La nueva legislación es percibida por la sociedad, dice Basallo, “como un brindis al sol. No atiende a ningún criterio lingüístico ni filólogico, y encima no cuenta con ningún precedente. La ley ataca a la libertad de expresión de un buen número de aragoneses, a los que se les ningunea su lengua materna”. Las nuevas denominaciones linguísticas “no cuentan con ningún apoyo social en la Franja y la Ribagorza. Tenemos el apoyo de los padres para movilizarnos en la escuela en defensa de nuestra lengua”. Basallo, pese a todo, se muestra optimista sobre el futuro de una legislación que no cree que se llegue a aplicar, pero advierte que entre muchos sectores de la zona, la nueva normativa es interpretada como otro intento del PP de “romper la unidad científica de la lengua, como se ha venido haciendo en Valencia y Baleares”.

Algo que se niega desde el Partido Popular que insiste en que, tras las definiciones de Lapao y Lapapyp, se encuentran “criterios filológicos”, como señaló la diputada popular, María José Ferrando, filóloga ella misma, al señalar en el debate sobre esta ley en las Cortes de Aragón “que no pueden entroncarse todas en lo mismo porque desaparecerían”.

Para sus socios del PAR, los criterios filológicos, validados incluso por la Real Academia Española, no parecen servir. Se impone un criterio histórico-social, como explicaba la diputada regionalista María Herrero, lo que se habla en las comunidades del antiguo Reino de Aragón “debe llamarse aragonés, porque ese es el origen”.  Para el vicepresidente del Institut d’Estudis del Baix Cinca, “es una cuestón visceral, identitaria. No aprecian la riqueza cultural y buscan una sociedad monolítica” y reprende al PAR su uso del anticatalanismo que “causa graves daños colaterales al aragonés”, lengua claramente minorizada, y que con la anterior norma consiguió el estatus de cooficialidad y el derecho a ser usada libremente. Un derecho que, tanto PP y PAR, habían defendido al menos hasta los últimos años, y que ahora queda sumido en una Ley de uso, protección y promoción de las lenguas y modalidades lingüísticas propias que dice, por ejemplo, “que busca dignificar las lenguas y modalidades lingüísticas propias” y que establecerá las zonas linguísticas una vez “oídos los ayuntamientos afectados”.

Ayuntamientos que buscan repetir el efecto de la Declaración de Mequinenza de 1984, en defensa de la lengua catalana en la Franja, y que cuenta con el apoyo de, paradojas de la política local, de alcaldes y concejales del Partido Popular. Una iniciativa que, a juicio, de Labat “es una respuesta tardía del PSOE, pero que puede servir para que el PAR dé la cara de una vez y que se reflexione desde la Franja sobre una problemática impuesta desde Zaragoza”. Una lejanía sentida en este caso como “una batalla perdida”.