La Franja

Lleida (ACN). – La cámara parlamentaria de Aragón votará este jueves la ley de lenguas que da al catalán el nombre de lengua aragonesa propia del área oriental (LAPAO) y al aragonés, lengua aragonesa propia de las áreas pirenaica y prepirenaica (LAPAPYP).

La normativa se aprobará previsiblemente con los votos del Partido Popular y del Partido Aragonés. El resto de grupos que integran la cámara acabaron abandonando la comisión en que se tramitaba el proyecto por falta de acuerdo. Se trata de los socialistas, de la Chunta Aragonesista y de Izquierda Unida. Uno de los efectos de la ley es que será el gobierno aragonés quien decidirá sobre los topónimos.

La nueva ley implica la derogación de la anterior normativa lingüística, en la que se reconocía la existencia de los catalanohablantes de la Franja. Ha sido tramitada durante ocho meses en una comisión parlamentaria en la que se han quedado solos el PP y el PAR.

En el momento de presentar el anteproyecto, la consejera de Educación, Universidad, Cultura y Deportes, Dolores Serrat, destacó que se pretende recoger la diversidad lingüística de la comunidad y garantizar su protección evitando “cualquier tipo de imposición “.

Con el texto, el gobierno aragonés del PP respondía al compromiso electoral de sustituir la actual Ley de lenguas y derogar los aspectos que, desde su punto de vista, “imponen” la normalización del catalán y el aragonés.

El gobierno aragonés decidirá sobre los topónimos

Según el texto que se someterá a votación este jueves, la denominación oficial de los topónimos podrá ser, además de la castellana, la que se usa en el territorio de forma tradicional. El gobierno aragonés, tras escuchar la Academia Aragonesa de la Lengua que prevé crear la nueva ley, determinará los topónimos de la comunidad, así como los nombres oficiales de los territorios, los núcleos de población y las vías interurbanas.

La ley, por otra parte, reconoce el derecho a recibir la enseñanza de las lenguas y modalidades lingüísticas propias de Aragón en sus zonas de uso históricamente predominante, pero dicta que el aprendizaje será voluntario, y que se garantizará este derecho mediante una oferta adecuada a los centros educativos.