Rechazo frontal de los ayuntamientos a la nueva ley de lenguas de Aragón

 

Aprobada una nueva Declaración de Mequinenza en defensa de las lenguas catalana y aragonesa como propias de Aragón

 

Preocupación por el futuro de la enseñanza de lengua catalana en los centros educativos y la desaparición de sus titulaciones oficiales

 

Un total de 31 representantes de los ayuntamientos de las comarcas catalohablantes de Aragón se han reunido hoy en Mequinenza  para rechazar la nueva Ley de Lenguas que recientemente aprobaron las Cortes de Aragón y que elimina el catalán y el aragonés como lenguas habladas en la Comunidad.

 

Los representantes municipales han suscrito una nueva Declaración de Mequinenza en defensa del catalán en la zona oriental de Aragón después de haber entablado un debate con expertos del ámbito académico en la materia.

 

Los alcaldes han escuchado las aportaciones de María Teresa Moret Oliver, doctora. en Filosofía Hispánica por la Universidad de Zaragoza; Javier Giralt Latorre, doctor en Filosofía y Letras (Filología Hispánica) por la Universidad de Zaragoza y director del departamento de Lingüística General e Hispánica de la misma Universidad; Natxo Sorolla, sociólogo por la Universidad de Barcelona y miembro de su Centro Universitario de Sociolingüística y Comunicación; Chusé Ignacio Nabarro, presidente del Consello d’A Fabla Aragonesa de Huesca; Chusé Aragüés, editor y traductor en aragonés y director de publicaciones de Prames y Gara d’Edizions; y Carmen Martínez Urtasun, licenciada en filología y ex directora general en las últimas dos legislaturas de Política y Administración Educativa del Gobierno de Aragón.

 

Los asistentes en su declaración han lamentado “el ridículo universal que han hecho el Gobierno y las Cortes de Aragón al modificar el nombre de las Lenguas Propias de Aragón, inventando las referencias LAPAO y LAPAPYP para sustituir la Lengua Catalana y la Lengua Aragonesa, sin ningún fundamento científico ni académico que avale dicha denominación y con el informe contrario del Consejo Escolar de Aragón”.

 

Asimismo, se han comprometido a impulsar “la formación y el prestigio de las lenguas aragonesa y catalana, en lugar de convertirlas en un elemento de polémica y confrontación, reconociendo a la Universidad de Zaragoza y a las instituciones académicas y científicas la competencia y la autoridad filológica para establecer el nombre de las lenguas propias y las regulaciones y normativas necesarias para garantizar su recuperación, enseñanza y uso habitual en las formas oral y escrita”.

 

Los participantes se han hecho eco de la preocupación de los centros escolares y de las asociaciones de madres y padres de alumnos y se han comprometido a defender “la continuidad de la enseñanza de la asignatura de lengua catalana en los centros educativos”.

 

Por todo ello, se ha instado al Gobierno de Aragón a que retire la ley y en el caso de que no se lleve a cabo esta acción se han comprometido los firmantes de la segunda declaración de Mequinenza a iniciar “cuantas actuaciones sean necesarias ante la administración de justicia, Tribunal Constitucional y autoridades europeas para defender la denominación de la lengua catalana propia de Aragón y los derechos de sus hablantes, tal como establece la Constitución Española y la Carta Europea de Lenguas Minoritarias ratificada por el Reino de España en 2001”.