Contra la reacción con la ley, la revolución de la palabra.

Dos personas utilizan las mismas palabras, la misma sintaxis, las mismas expresiones y las mismas construcciones gramaticales para entenderse, pero hablan lenguas diferentes. Suena a disparate lo que acabo de decir, pero es la situación que, desde el pasado jueves, se da en la Franja, la zona de Aragón que limita con Catalunya, donde buena parte de la población habla el catalán y prácticamente todo el mundo la entiende. Pues el Parlamento aragonés, que preside la popular Luisa Fernanda Rudi, ha votado una ley para rebautizar esta lengua. Allí ya no se habla catalán sino lapao. Además, también ha cambiado el nombre del aragonés. Este, ya no se llamará como siempre. Se llamará ‘lapapyp’.

Tal vez usted, amigo lector, cree que le tomo el pelo, pero no, le estoy contando la realidad, la nueva verdad decretada por el Partido Popular (PP) y el Partido Aragonés Regionalista (PAR), que son los responsables directos de esta ley. Digamos, sin embargo, que de lo mal hecho, lo único que tiene de aprovechable esta decisión parlamentaria es que nos desmitifica el concepto de ley tal como lo hemos entendido tradicionalmente. Sabíamos que ésta podía ser justa o injusta, acertada o desacertada, constitucional o inconstitucional. Pero ahora constatamos que también puede ser absurda, arbitraria, estúpida y, lo que es aún peor, acientífica. Pero constitucional!

Vuelvo al lapao aunque sé que intentar razonar en materia de lenguas es inútil porque el que no está dispuesto a entrar en razón no entrará nunca. Aún así quisiera poner unos ejemplos a los diputados del PP y del PAR que el jueves pasado cometieron esta gamberrada (legal y constitucional). Imaginen por un momento que el gobierno del presidente Maduro, en Venezuela, movido por la reacción contra la conducta del gobierno español, lleva una ley al Parlamento, que lo aprueba, en virtud de la cual, la lengua oficial del país ya no se llamará español o castellano, sino ‘corinareal’. Imaginen también –no es pedir demasiado– que el gobierno de la señora Fernández de Kirchner, molesta igualmente por las decisiones del gobierno de Madrid, reacciona y decide que la lengua que hablan los argentinos ya no se llamará español o castellano, sino que se llamará ‘tócatelarajoy’.

Tendremos entonces que, legalmente, la lengua que se habla en Venezuela y Argentina serán el ‘corinareal y el ‘tócatelarajoy’, porque así lo determinan unas decisiones legislativas tomadas por las cámaras donde radica la soberanía nacional. Por tanto, estas denominaciones no serán sólo legales y constitucionales, sino también democráticas al cien por cien. Confío sin embargo que los diputados del PP y del PAR estarán de acuerdo en que serán acientíficas, absurdas y arbitrarias. Por más, pues, que los diputados se empeñen en hacer esto, por más que sus respectivos parlamentos aprobaran unas leyes ajustadas a la constitución en este sentido, los venezolanos y los argentinos continuarían hablando español. El ‘corinareal’ y el ‘tócatelarajoy’ no serían sino, unas absurdas demostraciones de la mala fe y la ignorancia de sus respectivos parlamentos. Serían, digámoslo claro, sus vergüenzas.

La decisión del Parlament de Catalunya

Vamos ahora a otra decisión muy diferente: la que ha tomado el Parlament de Catalunya cuando afirma que Catalunya es un sujeto político y jurídico soberano. Una decisión que, como todos sabemos, el Gobierno del Estado ha recurrido ante el Tribunal Constitucional, que determinará si es o no ajustada a la Constitución. Y si decide que no lo es, estaremos ante una decisión ilegal, por inconstitucional. Pero no estaremos ante una decisión absurda, arbitraria, irracional o acientífica. Porque en el caso de Catalunya, no nos movemos en el campo de la ciencia o de la razón, sino en un campo muy diferente: en el que dirimir si una decisión política del Parlament es o no es constitucional.

Sé que me he de explicar. Hoy, muchos catalanes (al menos los representados por los partidos que ostentan la mayoría en el Parlament de Catalunya) no se sienten a gusto en el marco constitucional español y quieren modificarlo, pero se encuentran con una imposibilidad insalvable, porque quienes son mayoría en Catalunya (que ellos afirman que es una nación) representan una ínfima minoría de España (donde la mayoría cree que sólo España lo es). Ellos saben, por tanto, que modificar legalmente la Constitución en el sentido de que querrían no es posible y esta es la causa que los ha llevado a iniciar el único camino que tienen al alcance: el de la revolución contra el orden establecido, que es el único método que la humanidad conoce para actuar en estos casos desde que tiene memoria.

En efecto, si la evolución constitucional para llevar a cabo los cambios políticos que se pretende consolidar no es posible por los mecanismos legales, entonces las convicciones políticas empujan a los hombres hacia la revolución (que siempre es, por naturaleza, ilegal). Ahora bien, la novedad de la revolución que la mayoría política de los catalanes ha iniciado últimamente radica en el hecho de que no es una revolución al uso, quiero decir con armas, barricadas, heridos y muertos en la calle. No, es la revolución de la palabra. Porque en eso consiste la declaración (probablemente inconstitucional) del Parlament. Y también la declaración de voluntad de llevar a cabo una consulta democrática para la independencia.

Todos sabemos –yo el primero– que incluso también la palabra puede ser ilegal, porque cuando por medio de esta se pide un referéndum para la independencia de Catalunya en el que participen solo los ciudadanos de esta comunidad, esta voluntad no se adapta a la Constitución. Estamos, por tanto, ante una actitud de desafío revolucionario, pero pacífico. Y también democrático, visto al menos desde la perspectiva de los catalanes. Ciertamente que no gustará a la mayoría del pueblo español –ya lo hemos visto y lo vemos cada día– pero nadie podrá decir que la propuesta sea irracional ni acientífica. Simplemente, porque se mueve en otro terreno. La lucha por la independencia (desde que el mundo es mundo) es una voluntad política de convertirse en precisamente eso: un sujeto jurídico y político soberano. Voluntad que, en el caso de Catalunya se ha ido forjando a lo largo del tiempo y que ahora tiene un alcance muy amplio. Mayoritario si tenemos en cuenta las fuerzas que configuran hoy su parlamento. Por eso choca de manera frontal con la legalidad española, que no quiere que esta evolucione en el sentido que piden los catalanes. Por ello el Gobierno, sabiendo que tiene detrás una gran mayoría (no en Catalunya pero sí en el conjunto del Estado), se cierra en banda y se blinda con la Constitución.

Yo no sé cómo acabará esta revolución de (y con) la palabra. Pero sé que las revoluciones triunfan o son ahogadas. En el primer caso suelen producir héroes. En el segundo, víctimas. Incluso las revoluciones de la palabra, como la catalana, por más que, gracias a Dios y a la inteligencia de los hombres, esta no producirá heridos, ni muertos, ni destrozos de edificios ni de ciudades. Y eso no es poco.

En síntesis

Lo que yo quería destacar cuando me he puesto a escribir esta mañana es muy simple: que la decisión del Parlamento aragonés de denominar lapao al catalán de la Franja puede ser tan legal y democrática como se quiera, pero es a la vez arbitraria, irracional y acientífica. Y desde el punto de vista político es, por tanto, reaccionaria. Porque responde únicamente a una reacción visceral contra la actitud de los catalanes.

En cambio, la decisión del Parlament que declara que Catalunya es un sujeto político y jurídico soberano, muy probablemente es ilegal por inconstitucional, pero no es arbitraria, ni irracional ni acientífica. Tampoco es reaccionaria. Al contrario, es el primer paso de una decisión política revolucionaria, aunque los catalanes no estén dispuestos a utilizar más que el razonamiento y la palabra en su revolución.

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