La Franja

Los pueblos y ciudades aragoneses situados en la frontera con las provincias de Lérida y Tarragona, en la denominada Franja, no conciben una Cataluña independiente. Para sus habitantes y representantes, la vecina comunidad no es un abstracto ente político, sino un territorio cercano, cotidiano y omnipresente con el que mantienen estrechas relaciones sociales y comerciales.

Por eso, los vecinos de Montanuy, Fraga, Binéfar, Mequinenza o Maella no creen posible que el día 2 de octubre próximo, tras la eventual celebración triunfal del referéndum de autodeterminación, la Generalitat instale, como figura en sus planes, puestos de control y barreras en las carreteras que conducen a Pont de Suert, Lérida, Gandesa o Batea. Sencillamente, no ven que Cataluña sea otro país el mes que viene.

«No contemplo ese escenario», reconoce Miguel Luis Lapeña, alcalde socialista de Fraga, que considera que si, finalmente, Cataluña se independizara, «sería muy perjudicial para todos». Piensa, por ejemplo, que la asistencia sanitaria que muchos fragatinos reciben en Lérida se resentiría. «Quizá no nos dejaran ir a sus hospitales», conjetura.

Además, Lapeña se pregunta qué ocurriría con los fondos europeos que se destinan al pago de los excedentes de fruta. Y tampoco sabe qué pasaría con los numeroso fragatinos que trabajan en Lérida y, viceversa, con los leridanos que lo hacen en la ciudad del Cinca.

Son muchas las incógnitas que despierta el proceso soberanista en la Franja, pero el alcalde de Fraga cree que no será necesario despejarlas. «Es un referéndum ilegal y, por lo tanto, totalmente inviable», subraya.

Muy cerca, en Torrente de Cinca, su alcalde, José Evaristo Cabistañ (PSOE), piensa de forma parecida. «No puede pasar que el 2 de octubre sean independientes», dice. «Somos dos comunidades con muchas relaciones», explica. «Nuestras economías están muy imbricadas y existen muchos matrimonios mixtos, catalán con aragonesa y aragonés con catalana», continúa.

Aun así, a Cabistañ, como a todos los alcaldes aragoneses de la zona limítrofe, le parece que el «panorama es preocupante» y que pueden producirse muchos problemas a un lado y otro de la hipotética frontera. «¿Habrá que pagar aranceles?», inquiere. «¿Y qué pasará con la Política Agrícola Común? ¿Y con las subvenciones?», añade.

Magdalena Godia, alcaldesa de Mequinenza, también del PSOE, considera que la cuestión de la independencia catalana ha entrado en un terreno «complicado y fuera de lugar». «No creo que nos afecte porque espero que no prospere», afirma.

Godia destaca que su localidad «tiene mucho en común» con los vecinos pueblos catalanes, de los que solo está separada por un puente que salva el río Segre. «Hay sindicatos de riego conjuntos, se hacen muchas actividades con ellos y, socialmente, estamos muy entremezclados», explica.

Esas relaciones de buena vecindad son la tónica general en toda la raya catalano-aragonesa, si se excluye el problema de los bienes eclesiásticos retenidos en museos de Lérida y Barcelona.

En Montanuy, cerca del valle de Arán, la dependencia de los servicios de Cataluña es total, subraya Esther Cereza (PSOE). «Vamos a Pont de Suert al médico, al instituto, a comprar…», enumera. Hasta tienen que llamar a los bomberos de la vecina comunidad en caso de emergencia.

La alcaldesa está bastante segura de que esto no variará, de que Cataluña «no llegará tan lejos». Si se independizara, señala, los vecinos de Montanuy y los pueblos de su término verían cómo se complicaba su vida hasta extremos casi cómicos. «Tendríamos que mostrar el pasaporte continuamente», bromea, «pues las carreteras pasan de una comunidad a otra cada pocos kilómetros».

En Maella, mucho más al sur, casi en el otro extremo de una frontera administrativa que mide unos 400 kilómetros, la deriva independentista es calificada de «despropósito y locura de cuatro iluminados».

«No creo que se lleve a efecto la separación de España y tampoco veo instalada una frontera a 16 o 17 kilómetros de aquí», declara Jesús Zenón Gil, alcalde de la población por el PP.

A esa distancia se halla, precisamente, Batea (Tarragona), un pueblo cuyo alcalde sometió a pleno el pasado mes de julio la unión a Aragón como forma de protesta por la falta de atención que el pueblo recibe de las autoridades de la Generalitat.

Más al sur todavía, en Calaceite, ya en la provincia de Teruel, su alcalde, José María Salsench (PP), no cree que se pueda llegar a celebrar el referéndum. Su pueblo tiene el corazón partido entre Aragón y Cataluña, pues en los años 60 y 70 muchos de sus habitantes emigraron a Barcelona y su área metropolitana en busca de trabajo y futuro.

«Ellos y sus descendientes vienen en verano y, aunque el 90% se siente más catalán que aragonés, no quieren perder sus raíces aragonesas», explica.

Para Salsench, el dilema que plantea el referéndum no es una cuestión trivial. «Estamos ante un problema grave», recalca.

En cambio, en Aréns de Lledó (Teruel) los vecinos hacen chistes con los habitantes de Horta de Sant Joan (Tarragona). «De momento, nos lo tomamos a broma, hasta hablamos de hacer contrabando y de pasarles lo que necesiten», cuenta María Ángeles Vaquer, la alcaldesa socialista.

El pueblo está en el límite justo entre ambas comunidades, basta cruzar el río Algars para estar ya en Cataluña. Por eso existen unas relaciones muy intensas con los del pueblo de al lado. De hecho, no faltan los residentes de Aréns de Lledó que poseen tierras en el municipio tarraconense.

Y es precisamente ese contacto diario, amistoso y comercial lo que hace que ellos no se tomen en serio el debate sobre el futuro advenimiento de una Cataluña independiente.

CUESTIÓN ESTATAL

Además, en Aragón muchos ciudadanos pueden sentir que la cuestión no les concierne directamente. El alcalde de Binéfar, Alfonso Adán, del PSOE, sostiene que la escisión que plantean los independentistas es de tal magnitud que no incumbe a su localidad.

«Me es imposible pronunciarme sobre ese tema, es algo que concierne al Estado, no a un municipio», razona. En cualquier caso, él espera que no se llegue a la ruptura, por lo que tampoco ve pertinente hacer conjeturas sobre lo que pasaría en el caso de que Cataluña consumara ilegalmente su reto nacionalista. «Si se llegara a ese punto, habría que ver cómo quedan las cosas», afirma cautamente.