La Franja

El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha tenido que rectificar la redacción del real decreto publicado el pasado día 14 relativo a ayudas a zonas fruteras afectadas por las heladas de principios de abril por haber utilizado denominaciones incorrectas de cuatro comarcas aragonesas y de otras 35 de Cataluña y la Comunidad Valenciana. En en el caso del Matarraña/Matarranya, Litera/Llitera, Bajo Cinca/Baix Cinca y Bajo Aragón-Caspe/Baix Aragó-Casp, la publicación oficial solo incluía los nombres en castellano obviando los correspondientes en otra lengua vernácula de esas demarcaciones, el catalán, también oficiales.

Tras las numerosas críticas recibidas de asociaciones, particulares y también de formaciones políticas, como Compromís, el BOE publica este viernes una corrección de “errores” que sustituye la denominación monolingüe de las cuatro comarcas aragonesas por la bilingüe. También sustituye los nombres de 18 comarcas catalanas, publicados inicialmente en castellano, por su nombre oficial en catalán. Además, cambia las denominaciones de 17 comarcas valencianas que estaban solo en castellano por el correspondiente en valenciano o bilingüe -en el caso de comarcas bilingües-.

El real decreto publicado el pasado día 14 establecía ayudas para centrales fruteras de comarcas afectadas por las heladas registradas entre el 2 y el 5 de abril asociadas a la borrasca Ciril, entre las que figuran el Matarraña/Matarranya, la Litera/Llitera,m el Bajo Cinca/Baix Cinca y el Bajo Aragón-Caspe/Baix Aragó-Casp, que perdieron la mayor parte de su cosecha de melocotón y almendra.

Compromís califica como “ofensiva” la nomenclatura comarcal aplicada por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación en su polémico decreto y señala que su movilización para denunciar la utilización de nombres no oficiales o solo en la versión castellana ha sido “determinante” para la rectificación gubernamental. “Desgraciadamente, no es la primera vez que ocurre. Desde la administración central se continúa usando denominaciones incorrectas para la toponimia valenciana”, señala en un comunicado la formación política valenciana. A pesar de “la promesa de no volver a repetir” los errores, Compromís lamenta que se siguen dando en publicaciones oficiales.

A pesar de la rectificación, el Gobierno deberá responder a las preguntas parlamentarias presentadas al respecto por Compromís, que quiere saber quién redacto el real decreto y cómo accedió al cargo, qué protocolo de corrección de publicaciones sigue el Ministerio de Agricultura, por qué no se han respetado las denominaciones oficiales, cómo se va a disculpar el Gobierno por esta “falta de respeto” a la nomenclatura oficial y qué va a hacer para que el error no se vuelva a repetir.

El intento de la DGA de conseguir que se admita como especialidad docente el aragonés choca contra el Ministerio de Educación de la zaragozana Pilar Alegría, que recuerda que se han de regular por Real Decreto del Gobierno y que “solo están incluidas las lenguas cooficiales”. Así, estima que no es suficiente que se trate de una modalidad lingüística protegida. Para que el ministerio pueda actuar en los Cuerpos Nacionales de Docentes, insiste en que debe ser cooficial, y para conseguirlo sería necesario modificar el Estatuto de Autonomía. Con el tiempo y la compleja tramitación que precisa. La situación actual prolonga la interinidad de 18 maestros de aragonés en infantil y primaria y de tres profesores que imparten clase en secundaria.

La orden que se quiere impulsar desde la consejería de Educación de Felipe Faci tiene por objeto afianzar la especialidad docente de Lengua aragonesa del cuerpo de maestros y del de catedráticos y profesores de enseñanzas secundarias, así como asignar las áreas que pueden impartir quienes posean dicha especialidad y regular la forma de adquirirla.

No supondría ningún coste extra, pues la enseñanza de las lenguas propias de Aragón ya se imparte. En la memoria justificativa del proyecto, fechada en marzo de 2022, se recoge que aproximadamente el 3% de la población de la Comunidad conoce o habla la lengua aragonesa en cualquiera de sus modalidades. Hace alusión a un informe realizado por el Seminario aragonés de Sociolingüística que cifra en 25.000 las personas que saben hablarlo, a las que se suman otras 20.000 que lo entienden y conocen pero no se expresan en él. La competencia oral sería, de hecho, mayor que la escrita, y se limitaría a 17.000 el número de personas que declaran que saben escribir en aragonés.

Jaca, Alto Gállego, Sobrarbe, Ribagorza, la Hoya de Huesca, Somontano de Barbastro y Cinca Medio serían las comarcas donde el aragonés sería una “lengua propia”, y entre ellas destacan la Ribargorza, con un 20%, y Sobrarbe, con un 10%.

Fuera de estas zonas, y “por razones de emigración” y del “interés en su aprendizaje”, el informe revela que en Zaragoza capital hay unos 7.000 hablantes de aragonés; en Huesca, unos mil y en Teruel, 500. Refiere, también, que en Ejea de los Caballeros serían 700; en Barbastro, unos 650; en Jaca, unos 300; en Monzón, más de 600; en Alcañiz, más de 200 y en Sabiñánigo, unos 350.

Recuerdan desde la Consejería de Educación que el aragonés, como “lengua amenazada” según la denominación de la Unesco, obliga tanto al Estado como a la Comunidad autónoma a “adoptar las medidas necesarias para evitar su desaparición”. Y para revertir la situación, estiman que se requiere una importante labor desde el ámbito público, que es la primera referencia junto con la escuela de dignificación de las lenguas minoritarias.

En la actualidad, los 21 docentes de lengua aragonesa desarrollan su trabajo “en un contexto de inseguridad jurídica“, pues “no existe un desarrollo normativo adecuado”. Se ven abocados, por tanto, a una situación de “permanente interinidad que es contraria a los principios que rigen la legislación en materia de derechos laborales”, denuncian en los informes. Renuevan su contrato de forma anual, y llevan en esa situación 25 años, desde el curso 1997-1998. Y el número de puestos de trabajo inferior a la jornada completa es muy elevado, casi el 40% del total, lo que supone una “evidente precarización de su situación laboral”. Al no estar reconocida la lengua aragonesa como especialidad docente, la DGA no puede convocar procesos selectivos ni incluir esas plazas en las plantillas orgánicas de los centros. Y este es el vacío legal al que pretendía dar respuesta la orden del consejero Felipe Faci, de la que depende la Dirección General de Política Lingüística.

Diferentes criterios

A lo largo de los últimos años, el Ministerio de Educación ha mantenido diferentes posturas al respecto. Desde la consejería de Educación explicaron que, mientras que en la época del ministro José Ignacio y la ministra Isabel Celaá “entendieron que la determinación de la especialidad de maestro de aragonés era una competencia de las comunidades autónomas”, el actual equipo, el dirigido por la zaragozana Pilar Alegría, “considera que las comunidades no tienen competencias en el tema”. No obstante, “existen diversos informes tanto de la Abogacía del Estado como del propio ministerio diciendo que no es competencia del Estado sino de las comunidades autónomas”, defienden.

Hacen alusión, además, a la Disposición Adicional 38.6 de la Ley Orgánica de Educación, que dice que las comunidades que tienen lenguas protegidas por sus estatutos ofertarán esas lenguas de acuerdo con su normativa reguladora. En este sentido, recordaron que “mientras el Estado tiene competencia para el castellano, las comunidades autónomas las tienen para las lenguas cooficiales”. El problema está en que el aragonés no lo es.

Recuerdan desde la DGA que tanto el Estatuto de Autonomía de Aragón como la Ley de Lenguas establecen que “debe existir una oferta adecuada en los centros educativos de manera que el aragonés se pueda ofrecer en igualdad de condiciones con el resto de asignaturas”. En este sentido, según sostienen, “esa igualdad debe verse reflejada también en el hecho de que los docentes de aragonés tengan la misma capacitación y el mismo reconocimiento profesional que sus compañeros”.

El proyecto de orden, ahora bloqueado, establecería la especialidad docente de lengua aragonesa, regulando la forma de adquirir la misma y asignando las áreas que pueden impartir quienes posean esa especialidad. El personal funcionario del cuerpo de maestros adquirirá la especialidad de Lengua Aragonesa tras superar el correspondiente procedimiento selectivo de ingreso o acceso. Se acreditaría al superar un procesos de adquisición de nuevas especialidades, al tener la titulación o al haber impartido en primaria esta materia durante tres años y en más del 30% de su horario. Similares requisitos se aplicarían a catedráticos, profesores de secundaria y de la Escuela Oficial de Idiomas. Podrían impartir Lengua Aragonesa y Literatura.