N. Asín

zaragoza. No hubo sorpresas y los partidos que sustentan al Gobierno de Aragón, PSOE y PAR, hicieron valer su mayoría para sacar adelante la Ley de Centros de Ocio de Alta Capacidad que permite la instalación de Gran Scala, pese a las dudas de constitucionalidad planteadas por los jurídicos de las Cortes. Por el contrario, sí siguieron al pie de la letra las consideraciones de la letrada mayor de la Cámara, Vega Estella, que en su informe advertía de que la decisión debía ser política y no estar condicionada por los dictámenes jurídicos.

“Nuestra obligación es tomar decisiones aún a riesgo de equivocarse, porque más vale equivocarse por tomar una decisión que por no hacerlo”, argumentó el diputado y presidente de la ponencia, Javier Callau, del PAR. “Debemos legislar por los intereses de los ciudadanos”, dijo. Recalcó que estos dictámenes son “opiniones de incertidumbre frente a otros que dicen lo contrario y avalan la norma” y criticó que se haga “un aprovechamiento partidista” de la situación por “el impacto médiático” de este proyecto. José Ramón Ibáñez, del PSOE, invitó a quien quiera gobernar a “dejar de tener vértigo en la toma de decisiones” y puso como ejemplo Pla-Za o la ciudad del motor de Alcañiz. “Seguimos apostando por Aragón”, subrayó.

En un tenso debate que comenzó pasadas las 14.30 y se alargó hasta cerca de las 16.00, socialistas y aragonesistas se dedicaron a defender el proyecto porque “articula el territorio, crea empleo y genera riqueza”, a resaltar el alto grado de consenso obtenido inicialmente y a criticar al PP por haber cambiado al final su voto por los informes de las Cortes. CHA e IU mantuvieron su oposición frontal y el PP justificó su giro en los dictámenes jurídicos, porque -advirtió- “tiene importancia y mucha lo que dicen”. Los populares apoyaron, como estaba previsto, 8 de los artículos, votaron en contra de 11 (los que planteaban inseguridades) y se abstuvieron en 32.

CHA e IU rechazaron toda la ley y ambos mantuvieron su amenaza de ir al Tribunal Constitucional. El diputado de CHA Chesús Yuste insistió en que las dudas de inconstitucionalidad afectan “a la columna vertebral de la norma” y criticó al PSOE y a Iglesias por incumplir su compromiso de que “se iba a ajustar a la constitución”, porque -dijo- “Biel ya sabemos que no tiene problemas de conciencia”. Exigió que se hagan públicos los informes de los servicios jurídicos de la DGA y denunció la “velocidad supersónica” de tramitación de esta ley frente a los diez años de la de servicios sociales.

El portavoz de IU, Adolfo Barrena, dejó claro que él fue el primero que se opuso e invitó -una vez más sin éxito- a los socialistas a desligarse de Gran Scala. “En el socialismo de verdad no caben estos planes”, espetó Barrena. También criticó que “el proyecto más importante desde los Reyes Católicos” no haya contado con participación ciudadana.

Por su parte, el portavoz del PP, Eloy Suárez, reiteró que “hay que ser exquisitos dada la beligerancia que existe contra Gran Scala” y lamentó que las dudas constitucionales no se hayan resuelto en la ponencia como en otros casos. Aún así destacó el empleo que generará, pero lanzó una advertencia: “No quiero pensar que este proyecto descarrilara porque un tribunal dijera que la ley no se ajusta al ordenamiento jurídico”.

J. MORALES

A la fragatina Aída Palau no se le olvidará la última semana. Esta joven aragonesa se ha tenido que enfrentar a seis agentes secretos de la policía iraní que se presentaron en su hotel con la intención de interrogarla para así conocer con qué personas había hablado y después expulsarla lo más rápido posible. Solo la eficaz intervención del cónsul y del embajador español en Teherán permitió que sortease la situación con algo más de comodidad. Ahora ya está de vuelta en París, donde esta joven de 30 años trabaja para el servicio en español de Radio France Internationale.

“A Teherán llegué el día de las elecciones”, explicaba ayer Aída. Su misión no era otra que cubrir las elecciones para su radio. Pero los problemas empezaron casi desde el primer momento en que salió a las calles de Teherán con un micrófono. “Ese sábado ya tuve un primer incidente, aunque al final conseguí salvar la situación”. “El segundo día, el domingo, estuve en la fiesta de los Ahmadineyad; era una locura, porque en cuanto sacabas el micrófono, todo el mundo quería hablar”. Y de ahí se fue el día siguiente a Shiraz, a 865 kilómetros de Teherán.

En esa ciudad se cruzó una manifestación “y vimos una columna de humo y disparos, así que también hicimos algunas entrevistas”. Los problemas siguieron. “Al buscar un taxi, un señor me cogió y me pidió que le acompañase; me llevó hasta un supuesto agente del Ministerio del Interior; me quería llevar a una comisaría, pero al final se llevó solo los papeles”. A Aída le dovolvieron al documentación, pero volvieron a pedírsela. “A la media hora llegó un empleado del hotel y me dijo que le diese el pasaporte”. Se lo tuvo que dar, pero no fue suficiente. “El hombre insistía en que le diese la cámara de vídeo, pero yo le explicaba que era periodista de radio, así que no tenía nada de vídeo”. “No atendía a ninguna razón”, se lamenta Palau. Como no había cámara de vídeo, Palau tuvo que darle al final su cámara de fotos para que la revisase. Eso sí, antes de mostrar las imágenes que tenía captadas, optó por borrarlas.

Ante esta complicada situación, la joven aragonesa volvió a Teherán, donde siguió haciendo su trabajo, aunque con dificultades. Y llegó el viernes. “Ese día lo pasé un poco mal”, reconoce. Cuando se disponía a salir de su hotel se encontró con que la esperaban seis agentes secretos. “Me dijeron que debían verificar mi pasaporte otra vez y me informaron que debían llevarme al Ministerio de Exteriores para interrogarme y luego a aeropuerto porque me expulsaban”. Volvió a su habitación para hacer la maleta y desde ahí llamó al embajador español, quien envió al cónsul al hotel. Antes de que llegase, Palau tuvo que escuchar cómo le amenazaban con esposarla y deternerla. La suerte estuvo con ella, porque consiguió retrasar su salida del hotel hasta que apareció el cónsul, quien dejó claro que era une expulsión ilegal. La presencia diplomática intimidó a los agentes secretos, que optaron por aceptar que se quedase unas horas más en el país a cambio de que no saliese de su habitación hasta que cogiese el avión. “El embajador dijo que lo mejor es que me quedase en la embajada y así hice hasta que al día siguiente me llevaron al aeropuerto”. Aída explica que “en ningún momento temí por mi vida, pero sí quería salir de Teherán con el material que tenía y sin tener que pasar un interrogatorio en el que me iban a exigir que dijese con quiénes había hablado”.

El momento alegre lo promovió una recepcionista del hotel. “Por favor, cuando llegues a tu país tienes que explicar lo que está pasando aquí”, le dijo a la periodista. Y eso es lo que ha hecho desde que el domingo aterrizó en París.

Los partidos que sustentan al Gobierno en Las Cortes, PSOE y PAR, no han logrado el respaldo jurídico que querían para aprobar la ley de Gran Scala sin dudas constitucionales y, pese a esto, ratificarán la norma que legaliza el proyecto. La letrada mayor de la Cámara, Vega Estella, ha respaldado el dictamen anterior de un jurídico de su equipo que planteó dudas sobre la constitucionalidad de la Ley de Centros de Ocio de Alta Capacidad. No obstante, lejos de profundizar y aportar argumentos, la jurista se dedica en 21 folios a advertir de que su labor se limita a “asesorar” y que la decisión es política, que este tipo de apreciaciones son “normales” y que los jurídicos gozan de “autonomía funcional”.

La semana pasada, uno de los letrados de las Cortes presentó un informe de correcciones técnicas a esta norma. En él, planteaba dudas de constitucionalidad en un artículo que permitía al Gobierno de Aragón expropiar terrenos en aras del interés general una vez que los promotores privados hubieran obtenido el 80% de los suelos. Asimismo, advertía de inseguridades jurídicas por la normativa de juego singular que iban a tener estos proyectos frente al resto del territorio. Ante estas puntualizaciones, los partidos que sustentan el gobierno decidieron solicitar un informe a la letrada mayor de las Cortes. Ayer se dio a conocer.

Estella explica que ella dio el visto bueno y consideró “que estaba ajustado a las correcciones técnicas habituales y redactado en los términos que aconseja la prudencia jurídica”. Pero defiende “la autonomía funcional” de los juristas. “Los letrados desempeñan sus funciones bajo los principios de objetividad, neutralidad y rigor”, subraya Estella, que explica que ella no da directrices a sus letrados. Y en su ánimo de restar importancia y normalizar este tipo de dictámenes, recalca que las dudas de inconstitucionalidad se han expresado en otras leyes autonómicas como la urbanística.

No obstante, reconoce que habitualmente suelen plantearse en la fase de ponencia verbalmente para que se resuelvan antes y no en las correcciones. “Es normal que los letrados advirtamos cuando apreciamos indicios de inconstitucionalidad en los textos objeto de elaboración de tales indicios”, dice, y recuerda que solo el Tribunal Constitucional puede emitir un juicio en este sentido. Pero no aporta ningún argumento que sustente esas dudas. Solo valora si se han planteado correctamente desde un punto de vista formal.

En esta línea, la letrada mayor de las Cortes deja claro en su informe -que ella reconoce que es “peculiar” y que obedece a “una situación alejada de la cotidianeidad”- que la labor de los servicios jurídicos se limita a asesorar y que el dictamen de correcciones técnicas no es vinculante. Es más, aclara que su rechazo no “paraliza el procedimiento legislativo” y que no deben “distorsionarse” estas dudas, que “tienen el valor que habitualmente tienen”.

Por eso, recuerda a los diputados que la decisión última sobre las leyes es política porque son los diputados los que tienen la potestad de legislar, según el Estatuto. Y lanza un mensaje a los partidos: “Creemos, desde el rigor procedimental y jurídico, que los grupos parlamentarios no pueden verse constreñidos para variar su decisión política en función de unas dudas jurídicas expresadas en un informe de correcciones técnicas, no en un informe jurídico expresamente encomendado para dar respuesta a un problema concreto con todos los instrumentos jurídicos que habitualmente se utilizan”.

E insiste: “Creemos que los informes jurídicos deben ser tenidos en cuenta, valorados, sopesados, pero (…) no pueden sustituir a la decisión política, deben ayudar a conformarla, pero no pueden convertirse en protagonistas de la misma”. De hecho, llega a decir que la decisión política “debe arriesgar, tener en mente otros factores que no tienen cabida en un informe jurídico”.

Vega Estella, además, se muestra sorprendida por la repercusión del informe de correcciones técnicas, que considera “desmesurada”, y critica que la aprobación de una ley dependa del juicio de una letrada, lo que -según ella- “distorsiona todo el sistema”. “La labor de los letrados debe permanecer ajena a injerencias externas”, insiste.

Explicación “insólita”

Pero va más allá y llama la atención sus últimas puntualizaciones, por “insólitas”, como ella misma reconoce. Consciente -dice- de que estas consideraciones “van a tener una proyección que trascenderá el estricto ámbito parlamentario”, la letrada mayor manifiesta “el deseo de dejar constancia de la absoluta falta de condicionamientos para realizar las argumentaciones expuestas”.

“Ni la Presidencia de la Cámara, ni la Mesa de las Cortes, ni la Junta de Portavoces, ni la Ponencia y, en consecuencia, ninguno de los miembros que integran estos órganos, han tratado de influenciarnos a la hora de elaborar este informe que obviamente está sometido a otro mejor fundado en Derecho”, concluye el informe jurídico.

EUROPA PRESS. Zaragoza
El vicepresidente del Gobierno de Aragón, José Ángel Biel, afirmó este martes que “el Derecho es opinable” y recordó que no todos podrán recurrir ante el Tribunal Constitucional (TC) la futura Ley de Centros de Ocio de Alta Capacidad, que permitirá poner en marcha el complejo de ocio y juegos de azar Gran Scala en Ontiñena.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, Biel aludió a la aprobación, en el Pleno que las Cortes de Aragón celebrarán el próximo jueves, 25 de junio, de la Ley de Gran Scala. El también portavoz del Ejecutivo autónomo dijo que los juristas de la Administración autónoma que han trabajado en este texto legal “son de reconocida competencia” e insistió en que “en Derecho depende de quién opine, quién lo diga y la tendencia de cada juez” el resultado es uno u otro.

José Ángel Biel prosiguió afirmando que la supuesta inconstitucionalidad de este proyecto de ley es un asunto que “sólo puede dilucidar el Tribunal Constitucional” (TC), tras lo que explicó que el recurso de inconstitucionalidad sólo lo pueden plantear el Gobierno de España, el Ejecutivo aragonés, las Cortes autónomas, 40 diputados al Congreso o 40 senadores y añadió que “si eso no se produce no hay sentencia del TC”.

El portavoz del Ejecutivo prosiguió preguntándose “si podemos permitirnos el lujo” de renunciar a proyectos como el de Gran Scala y preguntó “si hay otros proyectos alternativos mejores que el que se plantea aquí”. El proyecto de Gran Scala “genera unas iniciativas que no podemos ni imaginar”, dijo Biel, quien concluyó afirmando que su puesta en marcha será similar, en términos económicos, a “cuando vino la Opel a Zaragoza”.