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La letrada mayor de las Cortes, en primer plano, junto al presidente Pina, en una imagen de archivo.. j. m. marco
NATALIA ASÍN. Zaragoza
Los partidos que sustentan al Gobierno en Las Cortes, PSOE y PAR, no han logrado el respaldo jurídico que querían para aprobar la ley de Gran Scala sin dudas constitucionales y, pese a esto, ratificarán la norma que legaliza el proyecto. La letrada mayor de la Cámara, Vega Estella, ha respaldado el dictamen anterior de un jurídico de su equipo que planteó dudas sobre la constitucionalidad de la Ley de Centros de Ocio de Alta Capacidad. No obstante, lejos de profundizar y aportar argumentos, la jurista se dedica en 21 folios a advertir de que su labor se limita a “asesorar” y que la decisión es política, que este tipo de apreciaciones son “normales” y que los jurídicos gozan de “autonomía funcional”.
La semana pasada, uno de los letrados de las Cortes presentó un informe de correcciones técnicas a esta norma. En él, planteaba dudas de constitucionalidad en un artículo que permitía al Gobierno de Aragón expropiar terrenos en aras del interés general una vez que los promotores privados hubieran obtenido el 80% de los suelos. Asimismo, advertía de inseguridades jurídicas por la normativa de juego singular que iban a tener estos proyectos frente al resto del territorio. Ante estas puntualizaciones, los partidos que sustentan el gobierno decidieron solicitar un informe a la letrada mayor de las Cortes. Ayer se dio a conocer.
Estella explica que ella dio el visto bueno y consideró “que estaba ajustado a las correcciones técnicas habituales y redactado en los términos que aconseja la prudencia jurídica”. Pero defiende “la autonomía funcional” de los juristas. “Los letrados desempeñan sus funciones bajo los principios de objetividad, neutralidad y rigor”, subraya Estella, que explica que ella no da directrices a sus letrados. Y en su ánimo de restar importancia y normalizar este tipo de dictámenes, recalca que las dudas de inconstitucionalidad se han expresado en otras leyes autonómicas como la urbanística.
No obstante, reconoce que habitualmente suelen plantearse en la fase de ponencia verbalmente para que se resuelvan antes y no en las correcciones. “Es normal que los letrados advirtamos cuando apreciamos indicios de inconstitucionalidad en los textos objeto de elaboración de tales indicios”, dice, y recuerda que solo el Tribunal Constitucional puede emitir un juicio en este sentido. Pero no aporta ningún argumento que sustente esas dudas. Solo valora si se han planteado correctamente desde un punto de vista formal.
En esta línea, la letrada mayor de las Cortes deja claro en su informe -que ella reconoce que es “peculiar” y que obedece a “una situación alejada de la cotidianeidad”- que la labor de los servicios jurídicos se limita a asesorar y que el dictamen de correcciones técnicas no es vinculante. Es más, aclara que su rechazo no “paraliza el procedimiento legislativo” y que no deben “distorsionarse” estas dudas, que “tienen el valor que habitualmente tienen”.
Por eso, recuerda a los diputados que la decisión última sobre las leyes es política porque son los diputados los que tienen la potestad de legislar, según el Estatuto. Y lanza un mensaje a los partidos: “Creemos, desde el rigor procedimental y jurídico, que los grupos parlamentarios no pueden verse constreñidos para variar su decisión política en función de unas dudas jurídicas expresadas en un informe de correcciones técnicas, no en un informe jurídico expresamente encomendado para dar respuesta a un problema concreto con todos los instrumentos jurídicos que habitualmente se utilizan”.
E insiste: “Creemos que los informes jurídicos deben ser tenidos en cuenta, valorados, sopesados, pero (…) no pueden sustituir a la decisión política, deben ayudar a conformarla, pero no pueden convertirse en protagonistas de la misma”. De hecho, llega a decir que la decisión política “debe arriesgar, tener en mente otros factores que no tienen cabida en un informe jurídico”.
Vega Estella, además, se muestra sorprendida por la repercusión del informe de correcciones técnicas, que considera “desmesurada”, y critica que la aprobación de una ley dependa del juicio de una letrada, lo que -según ella- “distorsiona todo el sistema”. “La labor de los letrados debe permanecer ajena a injerencias externas”, insiste.
Explicación “insólita”
Pero va más allá y llama la atención sus últimas puntualizaciones, por “insólitas”, como ella misma reconoce. Consciente -dice- de que estas consideraciones “van a tener una proyección que trascenderá el estricto ámbito parlamentario”, la letrada mayor manifiesta “el deseo de dejar constancia de la absoluta falta de condicionamientos para realizar las argumentaciones expuestas”.
“Ni la Presidencia de la Cámara, ni la Mesa de las Cortes, ni la Junta de Portavoces, ni la Ponencia y, en consecuencia, ninguno de los miembros que integran estos órganos, han tratado de influenciarnos a la hora de elaborar este informe que obviamente está sometido a otro mejor fundado en Derecho”, concluye el informe jurídico.
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