Asistimos a una cascada de cambios en la posición de los partidos aragoneses ante nuestras lenguas propias, así como en su uso en actos políticos. Hace unos días, un diputado por la provincia de Uesca prometió en aragonés su cargo en las Cortes españolas. Este fin de semana, los gobiernos de Aragón y Cataluña, junto a investigadores de cuatro universidades y el Campus Iberus, aprobaron en Lleida un plan de estudio conjunto del uso actual del catalán en nuestras comarcas orientales. Y esta semana, el actual Gobierno de Aragón modificará la Ley de Lenguas 3/2013, aprovada por el ejecutivo anterior, restaurando de nuevo la denominación de las mismas como aragonés y catalán. La ley que desaparece ha sido muy criticada por la comunidad científica internacional, pues humillaba a los aragoneses bilingües al negarles el nombre de su lengua materna, denominándolas LAPAO y LAPAPYP.
Cambios lógicos, pues por primera vez en nuestra historia tenemos una Dirección General de Política Lingüística. Aunque en la comparecencia de su responsable en las Cortes, pudimos escuchar argumentos acientíficos en boca de algunas diputadas, que demuestran la abrumadora carencia de información en la que basan su oposición frontal al reconocimiento de los derechos civiles de miles de aragoneses. Esto, como venimos advertiendo desde el Seminario Aragonés de Sociolingüística (Asociación Aragonesa de Sociología), a pesar de que estos partidos, y la prensa que secunda sus discursos, han recibido información puntual por parte de los expertos universitarios de nuestra entidad: tanto sobre el número de hablantes registrado en el Censo de 2011 (único dato oficial hasta hoy); como sobre la última encuesta de 2014, en la que la población catalanohablante aragonesa reconoce, en un 72’9%, que su lengua es la misma que en otras Comunidades Autónomas del Levante.
Esta paradoja, conocer una realidad y emitir discursos en dirección contraria, se ha acentuado durante las últimas campañas electorales. Un claro ejemplo han sido las elecciones autonómicas y municipales, de mayo de 2015. Los resultados muestran que, de los siete partidos que han obtenido representación en el parlamento autonómico, sólo tres de ellos (CHA, IU y Podemos) proponen un reconocimiento pleno de la realidad trilingüe de Aragón. Es decir, nombran con claridad cuáles son las lenguas, garantizan su aprendizaje en el ámbito educativo y proponent su cooficialidad. Los tres han utilizado tanto el aragonés como el catalán en sus actos electorales, si bien CHA solo el aragonés (y el catalán muy testimonialmente).
Un partido, el PSOE, se sitúa en una posición intermedia. Por una lado, reconoce la existència de las lenguas propias de Aragón, pero evita posicionarse sobre su nomenclatura y parece preferir la ambigüedad en un tema que genera controversia política (pero no científica ni académica). Por otro lado, el PSOE apuesta por garantizar su aprendizaje en el ámbito educativo en las zonas donde estas lenguas son habladas, pero renuncia a promover la cooficialidad de las mismas, al menos de manera explícita. De todo ello se entiende que el PSOE propone una defensa parcial de los derechos lingüísticos en Aragón.
El resto de partidos (C’s, PAR y PP) proponen un nivel de protección muy bajo de esos derechos. El PAR y Ciudadanos reconocen la existencia de lenguas propias diferentes al castellano, pero no nombran cuáles son. A pesar de que el PAR propone el desarrollo de la Ley 3/2013, en esta Ley no se daba nombre a las lenguas propias de Aragón (más allá de las perífrasis que dieron lugar a los ridículos acrónimos mediáticos de LAPAO y LAPAPYP), y no implicaba una apuesta seria por su enseñanza, ni se proponía en ningún caso la cooficialidad de las mismas.
En el caso de Ciudadanos, aparentemente se acogen a la Carta Europea de las Lenguas Minorizadas, pero no realizan ninguna propuesta concreta que garantice su enseñanza ni su cooficialidad, que es lo que se esperaría de acuerdo a la citada Carta.
Finalmente, en el caso del PP, en su programa electoral no se nombran las lenguas propias de Aragón, ni se propone ninguna medida para garantizar su uso y los derechos lingüísticos de los hablantes. Teniendo en cuenta que el PP fue promotor de la Ley de Lenguas 3/2013, podría esperarse que hiciera alguna referencia a esta normativa, pero ni siquiera proponen desarrollarla (como sí hace, en cambio, el PAR).
Se observa también que PAR y PP muestran claras contradicciones entre lo que proponen en sus programas electorales y lo que ocurre en sus actos electorales. Así, por ejemplo, el PAR defiende la Ley 3/2013, que niega la existencia del catalán en Aragón, pero redacta en catalán normativo su propaganda electoral en diversos pueblos de la comarca del Matarranya. O el PP, también promotor de esta Ley, que realizó intervenciones en catalán en mítines de esa misma comarca (concretamente de la mano de la entonces consejera Dolores Serrat).
La campaña electoral autonómica ha supuesto un salto cualitativo en el tratamiento de la cuestión lingüística por parte de los partidos políticos de Aragón. Los partidos emergentes tienen menos complejos a la hora de abordar el tema, y son capaces de ser más claros y de ir más lejos en sus propuestas. Los nuevos aires políticos parecen estar influyendo en el sistema político aragonés, que hasta ahora se había mostrado anquilosado ante este debate social.
A la vista tanto de estos cambios positivos, como de las paradojas que negar las evidencias sociales y científicas conllevan, invitamos a los partidos a convocar a la comunidad académica aragonesa y caminar juntos hacia la consolidación de los derechos civiles de los hablantes de aragonés y catalán.
