Article original a l’Heraldo de Aragón (10/2/15)
Los derechos civiles de los hablantes de aragonés y catalán, bajo mínimos a partir del 1 de enero de 2015
Seminario Aragonés de Sociolingüística: Natxo Sorolla (URV), Chabier Gimeno (Unizar), Rosa Bercero (U. de Oxford), Ceci Lapresta (UdL), Antonio Eito (Unizar), Josep Espluga (UAB), Ánchel Reyes. Investigadores en las Lenguas de Aragón: Javier Giralt (Unizar), Maite Moret (Unizar).
La Ley aragonesa de Presupuestos, aprobada el pasado 30 de diciembre (Ley 14/2014), además de tratar los temas fiscales que le son propios, incorpora cambios legislativos en segundo plano que le son ajenos. Entre estos cambios se encuentra la supresión del catalán y el aragonés en la Ley de Patrimonio Cultural Aragonés (Ley 3/1999). Este tipo de maniobras habitualmente intenta ocultar temas espinosos de cara al debate público. Y la política lingüística, por más que debería tratarse desde un espíritu abierto, inclusivo y de protección del patrimonio, ha dado con importantes debates y polémicas, en las que el Gobierno se ha visto envuelto de forma innecesaria, como el ya famoso LAPAO. El origen histórico del catalán en Aragón es avalado por la Universidad de Zaragoza, la Real Academia Española de la lengua o el Consejo de Europa.
En el antiguo redactado de esta Ley de Patrimonio se afirmaba que “el aragonés y el catalán, lenguas minoritarias de Aragón, en cuyo ámbito están comprendidas las diversas modalidades lingüísticas, son una riqueza cultural propia y serán especialmente protegidas por la Administración” (artículo 4). En 2013 se aprobó la segunda Ley de Lenguas de Aragón (Ley 3/2013), en la que de forma destacada, no se nombraba las lenguas que pretendía proteger. Aunque a lo largo de la ley se reiteraba el reconocimiento del uso, la protección y la promoción de las “lenguas y modalidades lingüísticas propias de Aragón”, estas no eran definidas, y tan sólo parecía especificarse que estas lenguas eran dos (y no más) en la definición de las “zonas de utilización” de “la lengua aragonesa propia de las áreas pirenaica y prepirenaica” y de la “lengua aragonesa propia del área oriental”, y es por ello que calaron en la opinión pública los acrónimos de LAPAO y LAPAPYP.
La Ley de Patrimonio permitía resolver esta carencia, definiendo cuáles eran estas dos lenguas de acuerdo a los estudios filológicos. El articulado se aprobó el año 1999, cuando gobernaban los socios PP y PAR, como actualmente, y con el voto favorable de todos los partidos en la oposición. Las coincidencias hacen que Javier Callizo fuese consejero de Cultura en ese momento (PAR), y actualmente ocupe el cargo de Director General de Patrimonio Cultural.
El nuevo redactado elimina las denominaciones de catalán y aragonés de esta Ley, para apuntar que “además del castellano, Aragón tiene como propias, originales e históricas las lenguas aragonesas con sus modalidades lingüísticas de uso predominante en las áreas septentrional y oriental de la Comunidad Autónoma”, liquidando por completo cualquier referencia a cuáles son las lenguas a proteger por la legislación lingüística en Aragón.
El único mecanismo posible por el que la Ley de Lenguas puede resolver esta indefinición de lo que se protege es la Academia Aragonesa de la Lengua. Pero esta institución inexistente no cuenta aún con sus Estatutos, que debían ser aprobados ocho meses después de la entrada en vigor de la Ley, por lo que lleva más de un año de retraso (diciembre de 2013).
Únicamente mediante el reconocimiento del catalán y el aragonés, objetos de protección y promoción por parte de la legislación aragonesa como lenguas propias de Aragón, es posible iniciar los mecanismos de estabilización de estas comunidades lingüísticas, además de la reversión de los procesos de sustitución de este patrimonio aragonés.
Article original a l’Heraldo de Aragón (10/2/15)
