La Franja

El intento de la DGA de conseguir que se admita como especialidad docente el aragonés choca contra el Ministerio de Educación de la zaragozana Pilar Alegría, que recuerda que se han de regular por Real Decreto del Gobierno y que “solo están incluidas las lenguas cooficiales”. Así, estima que no es suficiente que se trate de una modalidad lingüística protegida. Para que el ministerio pueda actuar en los Cuerpos Nacionales de Docentes, insiste en que debe ser cooficial, y para conseguirlo sería necesario modificar el Estatuto de Autonomía. Con el tiempo y la compleja tramitación que precisa. La situación actual prolonga la interinidad de 18 maestros de aragonés en infantil y primaria y de tres profesores que imparten clase en secundaria.

La orden que se quiere impulsar desde la consejería de Educación de Felipe Faci tiene por objeto afianzar la especialidad docente de Lengua aragonesa del cuerpo de maestros y del de catedráticos y profesores de enseñanzas secundarias, así como asignar las áreas que pueden impartir quienes posean dicha especialidad y regular la forma de adquirirla.

No supondría ningún coste extra, pues la enseñanza de las lenguas propias de Aragón ya se imparte. En la memoria justificativa del proyecto, fechada en marzo de 2022, se recoge que aproximadamente el 3% de la población de la Comunidad conoce o habla la lengua aragonesa en cualquiera de sus modalidades. Hace alusión a un informe realizado por el Seminario aragonés de Sociolingüística que cifra en 25.000 las personas que saben hablarlo, a las que se suman otras 20.000 que lo entienden y conocen pero no se expresan en él. La competencia oral sería, de hecho, mayor que la escrita, y se limitaría a 17.000 el número de personas que declaran que saben escribir en aragonés.

Jaca, Alto Gállego, Sobrarbe, Ribagorza, la Hoya de Huesca, Somontano de Barbastro y Cinca Medio serían las comarcas donde el aragonés sería una “lengua propia”, y entre ellas destacan la Ribargorza, con un 20%, y Sobrarbe, con un 10%.

Fuera de estas zonas, y “por razones de emigración” y del “interés en su aprendizaje”, el informe revela que en Zaragoza capital hay unos 7.000 hablantes de aragonés; en Huesca, unos mil y en Teruel, 500. Refiere, también, que en Ejea de los Caballeros serían 700; en Barbastro, unos 650; en Jaca, unos 300; en Monzón, más de 600; en Alcañiz, más de 200 y en Sabiñánigo, unos 350.

Recuerdan desde la Consejería de Educación que el aragonés, como “lengua amenazada” según la denominación de la Unesco, obliga tanto al Estado como a la Comunidad autónoma a “adoptar las medidas necesarias para evitar su desaparición”. Y para revertir la situación, estiman que se requiere una importante labor desde el ámbito público, que es la primera referencia junto con la escuela de dignificación de las lenguas minoritarias.

En la actualidad, los 21 docentes de lengua aragonesa desarrollan su trabajo “en un contexto de inseguridad jurídica“, pues “no existe un desarrollo normativo adecuado”. Se ven abocados, por tanto, a una situación de “permanente interinidad que es contraria a los principios que rigen la legislación en materia de derechos laborales”, denuncian en los informes. Renuevan su contrato de forma anual, y llevan en esa situación 25 años, desde el curso 1997-1998. Y el número de puestos de trabajo inferior a la jornada completa es muy elevado, casi el 40% del total, lo que supone una “evidente precarización de su situación laboral”. Al no estar reconocida la lengua aragonesa como especialidad docente, la DGA no puede convocar procesos selectivos ni incluir esas plazas en las plantillas orgánicas de los centros. Y este es el vacío legal al que pretendía dar respuesta la orden del consejero Felipe Faci, de la que depende la Dirección General de Política Lingüística.

Diferentes criterios

A lo largo de los últimos años, el Ministerio de Educación ha mantenido diferentes posturas al respecto. Desde la consejería de Educación explicaron que, mientras que en la época del ministro José Ignacio y la ministra Isabel Celaá “entendieron que la determinación de la especialidad de maestro de aragonés era una competencia de las comunidades autónomas”, el actual equipo, el dirigido por la zaragozana Pilar Alegría, “considera que las comunidades no tienen competencias en el tema”. No obstante, “existen diversos informes tanto de la Abogacía del Estado como del propio ministerio diciendo que no es competencia del Estado sino de las comunidades autónomas”, defienden.

Hacen alusión, además, a la Disposición Adicional 38.6 de la Ley Orgánica de Educación, que dice que las comunidades que tienen lenguas protegidas por sus estatutos ofertarán esas lenguas de acuerdo con su normativa reguladora. En este sentido, recordaron que “mientras el Estado tiene competencia para el castellano, las comunidades autónomas las tienen para las lenguas cooficiales”. El problema está en que el aragonés no lo es.

Recuerdan desde la DGA que tanto el Estatuto de Autonomía de Aragón como la Ley de Lenguas establecen que “debe existir una oferta adecuada en los centros educativos de manera que el aragonés se pueda ofrecer en igualdad de condiciones con el resto de asignaturas”. En este sentido, según sostienen, “esa igualdad debe verse reflejada también en el hecho de que los docentes de aragonés tengan la misma capacitación y el mismo reconocimiento profesional que sus compañeros”.

El proyecto de orden, ahora bloqueado, establecería la especialidad docente de lengua aragonesa, regulando la forma de adquirir la misma y asignando las áreas que pueden impartir quienes posean esa especialidad. El personal funcionario del cuerpo de maestros adquirirá la especialidad de Lengua Aragonesa tras superar el correspondiente procedimiento selectivo de ingreso o acceso. Se acreditaría al superar un procesos de adquisición de nuevas especialidades, al tener la titulación o al haber impartido en primaria esta materia durante tres años y en más del 30% de su horario. Similares requisitos se aplicarían a catedráticos, profesores de secundaria y de la Escuela Oficial de Idiomas. Podrían impartir Lengua Aragonesa y Literatura.

ES MUY probable que muchos aragoneses no sepan todavía de la existencia de la Academia Aragonesa de la Lengua, una institución científica creada por el Gobierno de Aragón por mandato de la Ley 3/2013, de 9 de mayo, de uso, protección y promoción de las lenguas y modalidades lingüísticas propias de Aragón, popularmente conocida como «Ley de Lenguas». Aunque sus estatutos fueron aprobados en 2018 (Decreto 56/2018 del Gobierno de Aragón), hubo que esperar hasta el 29 de julio de 2021 para que se produjera el nombramiento de los primeros quince académicos: quince personas propuestas por la Universidad de Zaragoza, las Cortes de Aragón y el propio Gobierno de Aragón. Y no fue hasta el 1 de octubre de ese mismo año cuando se constituyó oficialmente el pleno de la citada entidad. El nacimiento de la Academia Aragonesa de la Lengua, tras un parto prolongado y algo difícil, pasó desapercibido en la sociedad aragonesa, prácticamente sin testigos.

¿Y qué sentido tiene la creación de esta Academia Aragonesa de la Lengua en una comunidad como la nuestra? Es muy probable que bastantes de nuestros conciudadanos tampoco sepan que, además del castellano (o español) que es lengua de todos los aragoneses, hay otras dos que también son propias de Aragón y que igualmente todos debemos sentir como nuestras. Nos referimos al aragonés y al catalán, que se atestiguan documentalmente en nuestra tierra desde la Edad Media y que, a duras penas, han sobrevivido hasta la actualidad.

Pero es difícil amar lo que no se conoce y estas dos lenguas, el aragonés y el catalán, y, por tanto, sus hablantes, no han gozado apenas de consideración por parte de los sucesivos gobiernos aragoneses, ni de los distintos partidos políticos, ni de las diversas instituciones públicas (salvo honrosas excepciones). Solamente las asociaciones han sido capaces de defender con fuerza y tesón estas dos lenguas, que cuentan con un número reducido de hablantes y carecen del apoyo, protección y respeto que las demás lenguas hispánicas, distintas del castellano, han logrado en sus respectivas comunidades autónomas.

Es justamente en este punto donde halla su pleno sentido la creación de la Academia Aragonesa de la Lengua. El lector podrá entenderlo con facilidad a la vista de las funciones que sus propios estatutos determinan: velar por las lenguas minoritarias propias de Aragón y defender los derechos lingüísticos de sus hablantes. Esta institución está al servicio de la sociedad aragonesa (no del gobierno autonómico de turno), y no tiene otro objetivo que amparar el aragonés y el catalán, dos lenguas que no se mencionan por su nombre en el Estatuto de Autonomía de nuestra comunidad, ni siquiera en la Ley de Lenguas, y que de refilón se citan en la Ley del Patrimonio Cultural Aragonés. La tarea de la Academia es, por tanto, hacerlas visibles en la sociedad aragonesa, siempre desde el rigor científico.

El 21 de febrero la UNESCO celebra el Día de la Lengua Materna. Defender la lengua materna es una labor encomiable, de ello no cabe ninguna duda, y como dice nuestro estatuto, nuestras lenguas suponen un valor social de respeto, convivencia y entendimiento. Y este es, en definitiva, el cometido de la Academia Aragonesa de la Lengua, una entidad que se sitúa al mismo nivel que las decanas Real Academia Galega (1906) e Institut d’Estudis Catalans (1907), o las más recientes, Academia de la Llingua Asturiana (1980) y Acadèmia Valenciana de la Llengua (1998). El reto de nuestra Academia es, ahora, darse a conocer, difundir su trabajo y ofrecerlo a toda la sociedad aragonesa, y en particular a los aragoneses cuya lengua materna es la catalana o la aragonesa. La Academia nace con potestas, la legitimidad que le da la ley, y ha de ganarse la auctoritas que solo puede otorgar la sociedad. Este será el salvoconducto que permitirá que tenga una larga vida y que, con independencia y autonomía, pueda prestar la perentoria protección que el catalán y el aragonés, como lenguas maternas de tantos aragoneses, necesitan hoy.