La regulación legal del uso de la lengua catalana en Aragón lleva dos años esperando sentencia del Tribunal Constitucional (TC). En mayo de 2013, el Gobierno PP-PAR presidido por Luisa Fernanda Rudi aprobó la nueva Ley de Lenguas de Aragón, que derogaba la que en 2009, con el apoyo de la Chunta y de IU, había sacado adelante el PSOE del entonces presidente regional Marcelino Iglesias. En la ley de 2009, el catalán era declarado «lengua propia» en Aragón, se le reconocían derechos específicos y se preveía la creación una Academia aragonesa de la Lengua Catalana.

Aquella ley resultó controvertida y el PP anunció que la derogaría si llegaba al Gobierno regional. Así fue. Tras ganar las elecciones autonómicas de 2011 y formar ejecutivo de coalición con el PAR, Rudi sacó adelante una nueva Ley de Lenguas —vigente en la actualidad—, en la que el catalán dejaba de ser reconocido como «lengua propia» en Aragón y se identificaban las hablas de las comarcas orientales —las limítrofes con Cataluña— como modalidades propias de esta región distintas del catalán oficial.

Cuando se aprobó la ley de 2013 quienes pusieron el grito en el cielo fueron PSOE, CHA e IU, que defendían que el catalán tuviera reconocimiento oficial en Aragón. A iniciativa de la Chunta, secundada por IU y por el PSOE, presentaron un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley de Lenguas que sigue en vigor. El recurso fue impulsado desde el Congreso y a él unieron sus firmas diputados socialistas de toda España, así como parlamentarios de CiU y Esquerra Republicana de Cataluña (ERC), entre otros.

El recurso lo presentaron en el verano de 2013. Poco después, el 23 de septiembre de ese mismo año, el Tribunal Constitucional lo admitía a trámite. Los promotores del recurso interpretaron esto como un primer éxito en defensa de sus tesis. Pero, dos años después, la sentencia que debe resolver si les da o no la razón, sigue sin llegar. Fuentes del TC han indicado que no se sabe aún cuándo verá la luz el fallo del Constitucional.

En el recurso, sus impulsores insistían en que las hablas de las comarcas orientales de Aragón es catalán y que no recogerlo como tal en la Ley de Lenguas de esta Comunidad suponía una vulneración de derechos constitucionales y de tratados internacionales, caso concreto de la Carta Europea de Lenguas Minoritarias.

Tercera ley a la vista

Con la sentencia del TC pendiente y sin fecha, mientras tanto el actual Gobierno regional PSOE-CHA ha anunciado su intención firme de derogar la vigente Ley de Lenguas y de aprobar una nueva para que el catalán vuelva a tener la cobertura legal que tuvo en esta Comunidad autónoma durante los escasos cuatro años escasos que discurrieron entre la ley de 2009 y la aprobada por Rudi en 2013. Se podría dar el caso de que la nueva iniciativa legislativa —a la que podría sumarse Podemos— se tramite e incluso acabe aprobada antes de que el TC se haya pronunciado siquiera sobre la todavía vigente Ley de Lenguas.