El anuncio del presidente del Gobierno, Javier Lambán, de derogar la actual ley de lenguas ha roto la calma estival que se vivía en las Cortes de Aragón. PP y PAR se mostraron muy críticos con la decisión de Lambán, al que acusaron de despertar una polémica ciudadana innecesaria. En cambio, IU, CHA y Podemos apoyarán la anulación de la norma de Rudi. Ciudadanos, que no definió su postura, supedita su apoyo a la no inclusión del catalán. Lambán se comprometió a derogar “lo antes posible” la actual normativa que define el catalán y el aragonés como Lengua Aragonesa Propia del Área Oriental (Lapao) y Lengua Aragonesa Propia de las áreas Pirenaica y Prepirenaica (Lapapyp). Como era previsible, la bancada popular fue la más crítica.

Calificaron de “desatino político” el anuncio por haber despertado una “polémica” que Rudi cerró “desde el respeto”. Para la popular María José Ferrando, el Gobierno, “lejos de resolver los problemas, los crea”. Además de la división social que puede generar, cuestionó su coste económico. Según el PP, el cambio supondrá un gasto de “40 millones” por la inversión que habrá que realizar en traductores, en la adaptación de los colegios o de los carteles informativos.

El PAR, grupo que apoyó la ley del PP, se mostró “muy preocupado”. “Es una materia muy sensible que toca las emociones de las personas”, explicó María Herrero. “En Aragón no se habla catalán, sino que hay dos lenguas aragonesas, la del norte y la de la zona oriental”. La diferencia entre ellas son sus modalidades lingüísticas y sus variantes, explicó. “¿Por qué el PSOE en la Comunidad Valenciana dice que habla valenciano y aquí lo llamamos catalán?”. Tampoco Ciudadanos (C’s) la reconoce. Para la diputada Susana Gaspar, “es una variante y no se puede incluir en la ley”. Crítica con la catalogación del Lapao y el Lapapyp, exigió que se dejen “de poner nombres peculiares a las diferentes lenguas” y se respeten.

A FAVOR

Desde Podemos, Amparo Bella manifestó la necesidad de garantizar el derecho de los hablantes del catalán y el aragonés y del “reconocimiento de la diversidad de lenguas” en las administraciones y en las escuelas. CHA aplaudió la decisión. “La ley de Rudi fue un absurdo total”, criticó Gregorio Briz. Mostró su apoyo al cambio de la norma siempre y cuando haya detrás un proceso participativo de los sectores implicados en la materia y esté consensuada. En la misma línea se encuentra IU. La diputada Patricia Luquin señaló que “cualquier ley mejorará el desatino político y lingüístico de la actual”. “Necesitamos una norma que reconozca la diversidad de lenguas de Aragón”.