Ácratas lingüísticos | Opinión | EL PAÍS

Todos los días vemos como los autodenominados “liberales” se llenan la boca del vocablo “libertad”, lo ensalivan con mimo y lo escupen por el colmillo como si fuera un hueso de aceituna. Han encontrado en la jaculatoria la coartada perfecta para su anarquismo de derechas, faltón y bullanguero, que abomina de la intervención estatal, aunque sean normas de tráfico restrictivas para el consumo de alcohol (“nadie me va a decir a mí lo que puedo beber o no”, soltó un día el más liberal de los liberales José María Aznar). Su principales caballos de batalla son los servicios sociales, que deben ser implacablemente aligerados, y los impuestos, que deben bajar incesantemente para que el dinero fluya hacia donde tiene que estar, el bolsillo de los ¿ex? contribuyentes. Etcétera.

Pero también es cierto que estos feroces libertarios echan mano firme de las leyes del Estado cuando se trata de defender sus principios (la indisoluble unidad de España, la cadena perpetua), sus creencias (aborto, matrimonio, reforma educativa) o sus manías (las armas en Estados Unidos, las modalidades lingüísticas por estos lares). Y aquí quería llegar, porque a quienes tenemos el catalán como lengua materna -y que por cierto no nos dejaron estudiar en la escuela-, nos cuesta entender por qué España no acaba de hacer suyas las otras lenguas españolas como nosotros hacemos nuestro el castellano, tanto que lo convertimos en nuestra principal lengua de expresión, pese a que nos relacionamos familiar y socialmente en catalán. Da la impresión de que a buena parte de la ciudadanía le cuesta asumir lo obvio: que en algunos de sus territorios hablan distinto y sienten de forma diferente sin que ello sea incompatible con una idea conjunta de España.

Dicho de otra manera: los que hablamos y sentimos en catalán, aunque no seamos catalanes, como es el caso de los isleños, somos o podemos ser España, pero a partir de ese pequeño detalle, que tiene poco de nacionalista y mucho de sentimental (aunque los nacionalismos apelen al sentimiento, no todos los sentimentales somos nacionalistas), y no lo hacemos por fastidiar ( per emprenyar, diríamos nosotros) sino porque es nuestra lengua, queremos preservarla y para ello es necesario defender su unidad, como cualquier otro idioma. Es decir, de la misma manera que hay diversas formas de hablar castellano pero una sola lengua castellana, también hay múltiples variedades de hablar catalán pero una sola lengua catalana.

Esto, que debería ser una obviedad, porque sin unidad lingüística una lengua no puede servir como herramienta cultural, se ha convertido en un auténtico esperpento con la aprobación por parte del parlamento aragonés de una ley que denomina “lapao” al catalán que se habla en su franja oriental, con la indisimulada intención de no llamar a las cosas por su nombre y no dar al catalán lo que es del catalán. Pero no solo hay lingüistas creativos en Aragón: el propio presidente de nuestra comunidad balear, declaraba hace pocos días que “los mallorquines hablan mallorquín, los menorquines, menorquín, los ibicencos, ibicenco, y los formenterenses, formenterense”, sin mencionar ni una sola vez el vocablo “catalán”. Y menos mal que no hay nativos “cabrerenses” o “conejerenses” porque, según la doctrina Bauzá, también tendrían su propia academia de la lengua.

Astracanadas aparte, lo cierto es que la epidemia de modalidades lingüísticas-así las llaman nuestros libérrimos liberales- no tiene otro propósito que servir de coartada para el auténtico objetivo de romper la unidad de la lengua catalana e imponer de forma natural el predominio del castellano en las comunidades bilingües. Y de nuevo vuelve a surgir el maleable (para ellos) concepto de libertad: que cada uno, o sea cada comunidad, haga lo que quiera con su lengua cooficial (¿quién me tiene que decir a mí el nombre de la lengua que hablo o no hablo, etcétera?), o sea, barra libre para las barbaridades lingüísticas, con lo que se legitiman lapapazos de toda índole, por arbitrarios, irracionales y acientíficos que sean. Tal como van las cosas, a nadie extrañará que pronto surja la “lapaoa” (lengua asturiana propia de Oviedo y alrededores) o la “lapapa” ( lengua argentina propia de la Pampa). And so on.

Como escribía hace poco en estas páginas Juan Claudio de Ramón (“Por una ley de lenguas”, El País, 7 de mayo), “necesitamos como el respirar una ley de lenguas oficiales. El precio que estamos pagando por no tenerlas en forma de envenenamiento, bronca y derroche malsano de energía es inasumible”. Una ley que abogue por la cooficialidad real de las cuatro lenguas españolas (a ver si podemos llegar a escribirlo sin cursivas), que facilite su uso a nivel estatal y que al mismo tiempo recoja el derecho a la enseñanza bilingüe en los territorios con dos lenguas cooficiales para que la inmersión no sea necesariamente a pulmón libre.

Desactivar pasiones un tanto artificiosas y dilucidarlas políticamente es crucial en unos tiempos en que abundan penurias mucho más terrenales. Reprimir con la legalidad en la mano (máxime si es arbitraria y estrafalaria, como en este caso de “las modalidades”) en este asunto lingüístico no solo es un sinsentido sino un argumento más a favor de esa “furia institucional iconoclasta”, de la que habla el catedrático de derecho constitucional Fernando Rey y que puede afectar incluso a gentes templadas a quienes irrita la sinrazón. Este atribulado país necesita menos ácratas lingüísticos y más sentido común.

Pedro J. Bosch es médico oftalmólogo y periodista.